Los fantasmas de Chauncey Gardner y Francisco Franco en los juicios de los independentistas catalanes en Madrid. CounterPunch
Viendo los juicios a los independentistas catalanes que tienen lugar en el Tribunal Supremo de Madrid, he recordado una y otra vez una escena de la magnífica película “Being There”, de Hal Ashby (1979).
El protagonista de esta película, Chauncey Gardner, interpretado por Peter Sellers, es un hombre de cincuenta años que nunca se ha aventurado a salir fuera de los confines de su casa natal y cuya comprensión de la sociedad ha sido moldeada únicamente por la televisión. Cuando, tras la muerte de su padre, este hombre-niño es expulsado de su hogar, deambula por las calles de Washington con el mando a distancia de su televisor en la mano. Y cuando ve algo que le molesta, apunta con el aparato hacia la visión molesta con la esperanza de “cambiar el canal” de la realidad que tiene ante sí. No hace falta decir que todos sus esfuerzos para combatir su angustia a través de este mecanismo son infructuosos.
Cada uno de los 10 políticos catalanes y los 2 líderes de la sociedad civil que se encuentran actualmente en el banquillo de los acusados en la capital española están allí por haber cometido supuestamente una combinación de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La Fiscalía española ha sido implacable en su intento de configurar una narrativa de los acontecimientos que apoyara las acusaciones del Estado español contra estos promotores del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017 y de la de la declaración de independencia de Catalunya que se produjo 26 días después.
Sin embargo tienen un problema muy grave. Los hechos empíricos no coinciden, ni remotamente, con sus argumentos.
Y los acusados catalanes, la mayoría de los cuales permanecen en prisión preventiva desde hace más de un año, en una vulneración flagrante de todas las normas jurídicas en vigor, no están dispuestos a seguirles el juego. Al contrario: han refutado de manera convincente las exageraciones y las falsedades de sus inquisidores punto por punto, incluso tomándose su tiempo para dictarles elocuentes lecciones sobre los principios básicos de la democracia participativa, como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
El ex portavoz del Govern, Jordi Turull, incluso se burló de una eminencia vestida de negro que, como fiscal de alto nivel en un Estado oficialmente multilingüe, tenía serias dificultades para entender y pronunciar palabras extremadamente básicas de un documento redactado en catalán, un idioma muy parecido al castellano en cuanto a vocabulario y estructura. Imaginen ustedes el estupor que causaría si un fiscal anglófono de la Corte Suprema de Canadá en Ottawa fuera incapaz de entender las palabras “cited” o “taken” en francés. Pero en la capital de España, la evidente ignorancia etnocéntrica del fiscal no provocó ni la más mínima vergüenza.
Para que no parezca que estoy narrando los hechos de una manera sesgada, consideren lo siguiente. El Poder Judicial español ha dictado en dos ocasiones órdenes de detención europeas contra el ex Presidente catalán Carles Puigdemont por los mismos cargos que se imputan ahora a los miembros de su gabinete y a dos líderes de la sociedad civil. Y en ambas ocasiones – en Bélgica (diciembre de 2017) y en el Estado federado alemán de Schleswig-Holstein (abril de 2018) – los tribunales europeos dejaron claro a Madrid que no veían absolutamente ninguna base para sustentar las acusaciones de rebelión o sedición. España se apresuró a retirar las solicitudes antes de los anuncios oficiales para no quedar en ridículo ante el resto de la Unión Europea.
Aunque el Tribunal alemán no descartó la posibilidad de que el Presidente Carles Puigdemont pudiera ser extraditado por malversación de fondos públicos. España retiró también la solicitud de extradición por ese cargo. Quizás la decisión tuvo algo que ver con el hecho de que el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y, su Ministro de Economía, Cristóbal Montoro, que habían intervenido draconianamente la Generalitat de Catalunya durante los meses posteriores a la declaración de independencia, había asegurado públicamente que el Gobierno catalán no había gastado ni un céntimo en el referéndum. En resumen, tenemos a personas que están siendo juzgadas en Madrid por delitos que el Gobierno español no ha podido o no ha querido perseguir contra el más alto responsable de promover los acontecimientos históricos del otoño de 2017. Entonces ¿por qué estos prestigiosos juristas siguen haciendo “clic” con sus mandos a distancia en la cara de los acusados?
Y aquí llegamos al “quid” de la cuestión. A pesar de todo lo que usted puede haber oído, y lo que muchos de nosotros hemos creído durante mucho tiempo, la tan cacareada Transición Española a la democracia después de la muerte de Franco en 1975, fue, en su mayor parte una obra de teatro cuidadosamente dirigida. Este fue especialmente el caso del Poder judicial del país. Por ejemplo, la actual Audiencia Nacional, donde pronto se iniciarán los juicios contra altos cargos de la Policía Catalana presuntamente desleales, se creó en 1941 con el nombre de Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. En 1963 fue rebautizado como Tribunal de Orden Público y, en 1977, en plena Transición, se le impuso su actual nombre de inocuo significado. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, su función y su plantilla de funcionarios seguían siendo esencialmente los mismos.
Para Francisco Franco, ningún valor político superaba al de la unidad nacional, por lo que creó un poder judicial que compartía su creencia de que todos y cada uno de los medios para mantener este valor estaban justificados. Y mientras el mundo quedaba cautivado con la encantadora, “nueva” y aparentemente democrática combinación de modernidad y alta calidad de vida del país en los años 80 y 90, los tribunales siguieron funcionando en gran medida tal como funcionaban durante la dictadura, con posibilidades de ascenso dentro del sistema escrupulosamente vinculadas a la creencia que la unidad nacional puede y debe prevalecer sobre la imparcialidad de la Justicia en caso que ambos valores entren en conflicto.
Los observadores más expertos creen que estos herederos sociológicos del franquismo lograrán imponer las severas condenas que proponen contra los catalanes. La cuestión es si la asediada democracia española y la del resto de los países de la Unión Europea conseguirán sobrevivir a esta gran “victoria” del profundo autoritarismo estatal disfrazado de constitucionalismo democrático.
Thomas S. Harrington es profesor de Estudios Ibéricos en el Trinity College de Hartford, Connecticut y autor del recientemente publicado: “Livin’ la Vida Barroca: American Culture in a Time of Imperial Orthodoxies.”
Artículo traducido por Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Article translated by Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Original: CounterPunch @NatCounterPunch
https://www.counterpunch.org/2019/02/27/the-ghosts-of-chauncey-gardner-and-francisco-franco-at-the-trials-of-the-catalan-independentists-in-madrid/
Autor: Profesor Thomas S. Harrington
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2019