Foreign Affairs - España desentierra su pasado_1
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España desentierra su pasado. Foreign Affairs

Foreign Affairs

Artículo traducido por Xavier F. Domènech@xavidomenech99

Una polémica exhumación y una batalla por la identidad nacional.

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Gente en una manifestación contra los planes para sacar los restos del dictador fascista Francisco Franco de su mausoleo, financiado por el estado, a las afueras de Madrid, España, julio de 2018. JAVIER BARBANCHO/REUTERS

“La noticia más importante de esta noche: el Generalísimo Franco sigue muerto”. El chiste de Chevy Chase en el programa Saturday Night Live en la década de los setenta sigue curiosamente vigente cuatro décadas después. Franco, el dictador militar más longevo de la Historia de España, sigue muerto y protagonizando noticias de primera página, ya que una disputa sobre su último lugar de descanso revive viejas fisuras en la conciencia nacional de España.

Tras su muerte, en 1975, Franco fue enterrado en un impresionante mausoleo situado en el “Valle de los Caídos”, un conjunto monumental en recuerdo de la guerra situado a una hora de Madrid. Allí yacen los restos del dictador bajo una imponente cruz de piedra de 450 pies de altura, en una basílica excavada a casi 900 pies de altura en la ladera de una montaña. El monumento es un recuerdo inquietantemente suntuoso del pasado turbulento de España y un lugar de peregrinación para los admiradores de Franco.

Con el deseo de acabar con esta situación, el Congreso español, acordó, en el mes de septiembre, exhumar los restos de Franco para que su familia los trasladase a un lugar más discreto. Pero la familia decidió lo contrario y anunció que trasladaría los restos del Generalísimo, con honores militares, a una cripta de la catedral más importante de Madrid. Esta decisión provocó protestas generalizadas, ya que desbarataría el propósito del gobierno de alejar del espacio público los restos del dictador. Todavía no está claro si el Gobierno puede hacer algo para evitarlo.

La votación para exhumar a Franco fue aprobada con el apoyo de los partidos progresistas españoles y de los nacionalistas catalanes y vascos. Los dos principales partidos conservadores, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se abstuvieron, pero su oposición a la medida es evidente. Los conservadores se niegan a apoyar lo que consideran una afrenta intolerable a un líder que muchos de sus votantes siguen viendo con buenos ojos. (En una de las últimas encuestas sobre el tema, en 2008, más de un tercio de los españoles declaraban que la dictadura de Franco, que duró décadas, había mantenido la paz, el orden y la unidad nacional.) Otros, como el ex presidente Rajoy, evitan elogiar directamente a Franco, pero advierten que revisar el violento pasado de España es innecesario y contribuye a “abrir viejas heridas”.

Sin embargo, la controversia en torno a Franco ha avivado las llamas de un nacionalismo español militante que resurgió por primera vez el año pasado, tras el intento de Catalunya de declarar su independencia y su separación de España. Aunque no todos los nacionalistas españoles son nostálgicos del Franquismo, la extrema derecha sí. En julio, el movimiento ultraderechista “Movimiento por España” organizó una “peregrinación” hasta la tumba de Franco para protestar contra los planes del Gobierno. “La mitad de los españoles se opone a la exhumación de Franco y a la profanación y saqueo del Valle de los Caídos”, advirtieron los dirigentes del movimiento. Las imágenes del acto muestran grupos con banderas franquistas saludando brazo en alto, el saludo fascista.

Acontecimientos como este han causado inquietud incluso entre los dirigentes de la UE en Bruselas. A finales de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una declaración contra el aumento de la violencia neofascista en Europa, que incluía varios incidentes en España. Entre otras consideraciones, la declaración condenaba directamente a la “Fundación Francisco Franco” y la calificaba como “una asociación que enaltece los crímenes de una dictadura”. La Fundación, dedicada “a difundir y fomentar”, la memoria del dictador y sus “logros”, no sólo es legal en España, sino que incluso ha recibido subvenciones estatales. El código penal español, a diferencia de muchos otros países europeos, no prohíbe ensalzar las ideologías fascistas.

Franco accedió al poder en 1939, después de vencer en una sangrienta guerra civil que se prolongó durante 3 años. La guerra comenzó cuando Franco lideró un golpe de Estado para derrocar al Gobierno, democráticamente elegido, de la II República española. Franco venció a la alianza que defendía la legalidad republicana gracias al apoyo militar de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Desde el principio, su “cruzada” contra la república – y su secularismo – también contó con pleno apoyo del Vaticano. Una vez alcanzado el poder, Franco persiguió sin piedad a sus enemigos políticos. En la década de 1940, según los historiadores Paul Preston y Javier Rodrigo, su régimen ejecutó a más de 20.000 disidentes. Más de medio millón de españoles fueron enviados a campos de concentración, mientras que más de 200.000 se vieron obligados a exiliarse permanentemente. Además, Franco permitió a las autoridades nazis deportar más de 10.000 exiliados españoles en la Francia ocupada a los campos de exterminio nazis.

Tras la II Guerra Mundial, en la que España se mantuvo oficialmente neutral (a pesar que un contingente de soldados españoles luchó con los nazis en el frente oriental), Franco se autocalificó a sí mismo como “el centinela de Occidente” que había luchado valientemente contra el comunismo. España se unió a la ONU en 1955 y no tardó en convertirse en un aliado de los EEUU en la Guerra Fría. Dentro del país, el régimen siguió persiguiendo a los disidentes. En 1975 ejecutó a cinco presos políticos (Las víctimas del franquismo que aún sobreviven han tenido que recurrir a un tribunal argentino en busca de justicia, un tribunal que investiga la represión franquista bajo el paraguas de la jurisdicción universal desde 2010).

Con los años, la salud de Franco se fue deteriorando y, gradualmente, se fue retirando de sus funciones gubernamentales. Murió el 20 de noviembre de 1975, a la edad de 82 años. “A pesar de la muerte de Franco y del entierro previsto para mañana”, dijo Chevy Chase el 22 de noviembre, “los médicos dicen que la salud del dictador ha empeorado”.

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El monumento del Valle de los Caídos construido por Franco, donde el dictador está enterrado junto a más de 30,000 combatientes de la guerra civil española. PAUL HANNA/REUTERS

Como en la mayoría de sus ironías, la broma de Chase contenía un elemento de inquietud: ¿Seguirá Franco gobernando España desde la tumba? Como político y como militar había sido el último superviviente. Y había llevado a cabo multitud de maquinaciones para que su legado continuara después de su muerte. Ya en 1969, en el habitual mensaje de Navidad había declarado que lo dejaba “todo atado y bien atado”. Pocos días después de su muerte, y por voluntad expresa de Franco, Juan Carlos I, nieto del último monarca español, fue proclamado rey. Bajo la supervisión de Juan Carlos, España emprendió una transición rápida y relativamente pacífica hacia la democracia, negociada entre representantes del franquismo y la oposición. Se legalizaron los partidos políticos, se declaró una amnistía general y se promulgó una nueva constitución. Emergiendo en el escenario mundial como una joven monarquía parlamentaria, parecía que España estaba finalmente preparada para formar parte de la Europa moderna.

¿Pero lo estaba realmente? Bajo la aparente ruptura con 40 años de autoritarismo subyacía una evidente continuidad. Gracias a la amnistía general, los opositores al régimen quedaron en libertad, pero también significó la impunidad de todos los cargos franquistas. De hecho, la mayoría de los franquistas en el gobierno, en la policía, el ejército y el poder judicial, siguieron en sus puestos con toda normalidad. Incluso el rey, la máxima autoridad del Estado, había sido nombrado por Franco. A pesar de ello, el país promulgó una constitución moderna y convocó elecciones libres. Se reorganizó territorialmente en 17 “comunidades autónomas”, un sistema semifederal que permitió a vascos, catalanes y gallegos, un cierto autogobierno que Franco, un centralista obsesivo, jamás habría permitido. En 1982, el Partido Socialista (PSOE) ganó las elecciones de una forma aplastante, gobernaría el país durante los próximos 14 años. España experimentó un proceso de modernización cultural y económica. Uno de los mayores logros se consiguió en 1992, cuando Madrid fue nombrada capital cultural de Europa, Sevilla fue la sede de la Exposición Universal y Barcelona acogió los juegos olímpicos.

Durante todo este tiempo, sin embargo, las huellas del franquismo pervivieron por todas partes. Miles de calles llevaban nombres relativos al dictador o a sus más fieles servidores; cientos de placas, memoriales y monumentos que glorificaban su memoria se diseminaban por todo el país. Y el propio Valle de los Caídos, donde el dictador yacía junto al fundador del principal partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera, permanecía tal como el propio Franco lo había diseñado en 1939; una extensión de 330.000 pies cuadrados que conducía a la basílica subterránea, un monumento gigantesco en memoria de Franco y a su victoria en la Guerra Civil, un monumento construido por presos políticos.

Un primer intento de abordar esta inquietante herencia se produjo en 2004, cuando los socialistas recuperaron el gobierno. A partir del año 2000, diferentes entidades no gubernamentales empezaron a localizar y exhumar fosas comunes que contenían los restos de las decenas de miles de españoles ejecutados sumariamente durante y después de la guerra, denunciando “el pacto de silencio” que había acompañado la transición de la dictadura a la democracia. Estas entidades exigían “recuperar la memoria histórica”. En 2004 el Gobierno respondió a la creciente presión de la sociedad civil y comenzó a trabajar en lo que se conocería como la Ley de la Memoria Histórica, finalmente aprobada en 2007 – a pesar de la oposición del Partido Popular. La ley disponía que se subvencionasen las exhumaciones y ordenaba la retirada de cualquier símbolo que ensalzara en franquismo en los espacios públicos. También prohibía el acto de homenaje anual que los franquistas celebraban en el Valle de los Caídos. Sin embargo, cuando el Partido Popular volvió al poder en 2011, se negó a asignar un presupuesto para cumplir con las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica. En 2015 el Presidente Mariano Rajoy se vanagloriaba orgullosamente que su gobierno había gastado “cero euros” en ello.

Cuando Pedro Sánchez, el líder del PSOE, reemplazó inesperadamente a Rajoy como Presidente en junio de este año, anunció ambiciosos planes para recuperar y actualizar la Ley de 2007, provocando inmediatamente una fuerte controversia. Además de exhumar a Franco y convertir el Valle en un espacio educativo o conmemorativo, Sánchez insinuó la posibilidad de crear una “Comisión de la Verdad” sobre la Guerra Civil y el franquismo – una recomendación que Naciones Unidas reitera desde hace años – y prometió que la administración se encargaría de la exhumación de las restantes fosas comunes.

El hecho de que estas medidas hayan levantado tanta controversia demuestra que la España moderna sigue siendo, en cierto modo, una anomalía en Europa occidental. Como afirmó el historiador Tony Judt en su libro “Postwar” (2005), la identidad colectiva de Europa después de 1945 se basaba en el orgullo de hacer luchado colectivamente contra el fascismo. En los años 90, los líderes continentales empezaron a aceptar la idea que ser europeo también significaba aceptar un pasado “difícil y complejo”, incluso fascista o colaboracionista. Se produjeron expresiones oficiales de contrición y arrepentimiento, los Estados construyeron museos y monumentos, tomaron medidas judiciales y trabajaron para proporcionar reparación económica o moral a las víctimas. A medida que países como Turquía o Serbia intentaban formar parte de la Unión Europea, el reconocimiento de la responsabilidad por los crímenes del pasado – y la responsabilidad judicial de los autores de vulneraciones de los derechos humanos – se convirtió en una condición más o menos indispensable para la permanencia en la UE.

Sin embargo, la España posfranquista, que se incorporó a la Comunidad Europea en 1986, nunca vinculó su identidad nacional al antifascismo ni al sentido de la responsabilidad colectiva. Aunque muchos españoles habían luchado contra el fascismo en la Guerra Civil, los gobiernos democráticos de España nunca han hecho ningún esfuerzo para intentar convertir este hecho en una fuente de orgullo nacional. Tampoco aceptaron la posición europea de analizar y hablar con franqueza sobre un pasado violento y vergonzoso.

Estas anomalías conducen regularmente a momentos incómodos. Cuando los políticos españoles quieren presentar al país como plenamente europeo, tienen que hacer malabarismos para encubrir su historia. Por ejemplo, Albert Rivera, el líder del partido Ciudadanos (Cs), que siempre ha evitado condenar la dictadura franquista y se ha negado a honrar a sus víctimas, proclamó, durante un debate electoral en 2015 que Europa debería unirse para luchar contra el terrorismo islamista, de la misma manera que en la II Guerra Mundial “juntos derrotamos al fascismo”. En Octubre, Inés Arrimadas, la líder del partido de Rivera en Catalunya, reaccionó airadamente ante un comentario sobre Lluís Companys, Presidente de Catalunya en la década de 1930. En 1940, Companys fue detenido por la Gestapo en Francia y posteriormente ejecutado por el régimen franquista. Sin embargo, Arrimadas afirmó que el Estado español no tenía nada que ver con el asesinato de Companys, como si la dictadura franquista fuera algo totalmente ajeno a ese Estado.

Esta “peculiar” conciencia nacional también se refleja en el ámbito de los partidos políticos. En principio, España carece, desde hace mucho tiempo de un partido xenófobo de extrema derecha comparable al Front National (ahora Rassemblement National) en Francia, Alternative für Deutschland en Alemania o el partido de Geert Wilders en los Países Bajos. Pero si bien es cierto que la inmigración ha sido, durante mucho tiempo una preocupación relativamente menor para los españoles, siempre han existido sectores de extrema derechas nostálgicos del régimen franquista que, simplemente nunca han tenido necesidad de fundar su propio partido. A diferencia de sus homólogos de otros países europeos, nunca dejaron de sentirse como en casa en el “centro-derecha” dominante, en este caso el Partido Popular.

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Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha VOX, con simpatizantes en una reunión en Valencia, España, octubre de 2018. HEINO KALIS/REUTERS

La ultraderecha ha empezado a salir a la luz recientemente, y en parte impulsada por una reacción nacionalista contra el proyecto independentista de Catalunya. Organizaciones como “Hogar Social, un grupo anti islamista y antiinmigración, y el partido de extrema derecha Vox, están haciendo incursiones en la política española. Vox sigue siendo una fuerza marginal, sin representación parlamentaria, pero el 7 de octubre reunió a 10.000 seguidores en Madrid en un concurrido acto, algo que el país no había visto desde su transición a la democracia. El líder de Vox, Santiago Abascal, hizo un llamamiento a la multitud que ondeaba banderas españolas “a hacer de nuevo grande a España” y luchar contra los enemigos que pretender “dividir y destruir España”. El partido, que según las encuestas puede conseguir hasta cinco escaños en el Parlamento, también exige la deportación de inmigrantes que estén en el país ilegalmente o que hayan violado la ley.

La aparición de Vox ha provocado un considerable viraje hacia la derecha en partidos como PP y Cs, sobre todo en temas relativos a la inmigración y a la cuestión catalana. Por su parte, los catalanes independentistas, citan la incapacidad de España para liberarse de su pasado fascista como una de las principales razones de su deseo de romper con España.

No está claro lo que sucederá exactamente con el Valle de los Caídos si finalmente se retiran los restos de Franco. Un informe de una comisión de expertos recomendó en 2011 que se reconvirtiera en un espacio laico en el que se mostrase al público la historia de la violencia en España. La necesidad de espacios semejantes es urgente. En la encuesta de 2008 mencionada anteriormente, dos tercios de los españoles afirmaron que en la escuela, sus profesores, habían prestado “poca o ninguna” atención a la Guerra Civil y al franquismo. El “pacto de silencio” que se estableció durante la transición de la dictadura a la democracia ha permitido que los mitos franquistas no sean cuestionados.

“Cuando Franco murió, nos dejó un país extraordinario” declaró Manuel Fernández-Monzón, general en la reserva, en una entrevista televisiva este verano. Fernández Monzón acababa de firmar un manifiesto denunciando la “vil campaña” para empañar la imagen del dictador y el “perverso intento” de la exhumación de los restos de Franco. “Franco no mató a nadie”, añadió finalmente el militar.


Artículo traducido por Xavier F. Domènech@xavidomenech99
Article translated Xavier F. Domènech@xavidomenech99


Original: Foreign Affairs @ForeignAffairs 

https://www.foreignaffairs.com/articles/spain/2018-11-14/spain-digs-its-past

Autor: Sebastiaan Faber @sebasfaber 
Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2018


 

Catalana. Londinenca. Republicana. Llicenciada en Filologia Anglogermànica. Traductora i correctora. Estimo les llengües i els llibres. Estimo la meva terra, Catalunya

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