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CAT EXTERIOR,  PREMSA INTERNACIONAL,  PREMSA NACIONAL

“El Ministerio de la Verdad” por Milford Edge @milfordedge

Articulo traducido por AnnA (@annuskaodena)

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El Ministerio de la Verdad

Los nueve políticos y líderes civiles catalanes en prisión preventiva en cárceles catalanas serán trasladados mañana a las cárceles de Madrid en preparación para los juicios farsa. El poder judicial español ha mantenido la misma narrativa surrealista en todo momento: hubo un levantamiento violento en Cataluña en 2017, aunque no ha aparecido ninguna prueba de que algo así sucediera jamás. La justicia nunca ha sido la intención, sino más bien aplastar el movimiento independentista y vengarse. La letra de la ley es irrelevante. Incapaz y poco dispuesto a intervenir para evitar el vergonzoso espectáculo, el gobierno español, que lleva nueve meses en el poder, ha decidido lanzar una nueva ofensiva propagandística para sanear la imagen de España, dañada, según dice, por la “desinformación”. El juicio atraerá la atención del exterior, aunque quizás no tanto como debería, teniendo en cuenta que un país europeo está juzgando a un gobierno regional por su ideología en 2019. No se cree que el Estado español esté excesivamente preocupado por lo que el mundo pueda opinar de él.

El pasado lunes, el rey Felipe VI de España dio el inusual paso de entregar diplomas a aquellos que se embarcan en una carrera diplomática y les instó a “proyectar la mejor imagen de España, su imagen auténtica: un país democrático, libre, moderno, solidario y tolerante”. ¿Por qué tendría que insistir si tal cosa estuviera fuera cierta? Según el ministro español de Asuntos Exteriores, José Borrell, que acompañó al monarca en el acto, es porque la mente de los no españoles ha sido envenenada contra “la mayor civilización de la historia de la humanidad” (Pablo Casado) por los independentistas catalanes. El papel de Borrell es enviar cortinas de humo que oculten la aversión histórica de España a los métodos políticos y democráticos cuando se trata de sus regiones inquietas. Pero si fracasa en su misión imposible, realmente no importa. El objetivo más importante siempre ha sido detener a los catalanes en su andadura. La ofensiva de relaciones públicas es un ejercicio de limitación de daños.

Borrell ha estado ayudando a Su Majestad a la cabeza de la “Operación Salvar la Imagen de España” desde junio, cuando su prodigioso intelecto asumió el papel, y la fatigada narrativa que lo acompañaba, de manos de Alfonso Dastis, del Partido Popular.

Alfonso Dastis tiene dificultades con el estilo contundente de preguntas de Tim Sebastian – DW

El Rey ya se había hecho cargo de la operación principal del gobierno, Salvar a España, el 3 de octubre. Según el editor de El Nacional, José Antich, el discurso belicoso del Rey ese día fue un terrible error y desde entonces el gobierno español ha sido irrelevante, con el poder judicial asumiendo la responsabilidad de preservar la unidad de España: Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, el presidente de la sala que juzga el proceso catalán; Pablo Llarena, el juez de instrucción; y la fiscalía.

Los primeros meses de trabajo de Borrell estuvieron marcados por un mensaje igualmente confuso, errores frecuentes y dificultades lingüísticas nada despreciables. Pasó mucho tiempo afirmando falsamente que el Ministerio de Asuntos Exteriores español carecía de fondos y no podía competir con los medios de los catalanes, una retórica que sigue repitiendo cada vez que tiene la oportunidad. En realidad, el artículo 155 ha dejado a Cataluña y a sus instituciones en graves dificultades financieras.

“En el circuito diplomático, el espectáculo de José Borrell ha tenido una gran afluencia de público. Menos mal que tiene una gran experiencia internacional y una buena reputación porque el contenido de sus charlas es, en el mejor de los casos, inverosímil. No es que la narrativa del gobierno español requiera una reescritura o algún tipo de retoque, es que la posición de España es insostenible y la tarea de Borrell imposible. La imagen dañada de España es bien merecida y probablemente irreparable.”

José Borrell’s Mission Impossible

Borrell ha recibido la inversión que exigía sin actualizar la historia que Dastis tenía que contarle al mundo. Las entrevistas de Dastis en el extranjero tras la violenta represión del referéndum del 1 de octubre consistieron básicamente en minimizar el número de heridos y hacer caso omiso de las pruebas grabadas en vídeo. La semana pasada, Borrell seguía contando la misma triste historia. Según él, los heridos fueron “noticias falsas”, el referéndum estuvo marcado por la “interferencia rusa” y algunos de los videos fueron filmados en el Chile de Pinochet. Borrell nunca deja que los hechos se interpongan en su camino y disfruta insultando a los que habitan su lugar de origen. En noviembre, incluso llegó a acusar a un colega del Congreso español de escupirle. Como de costumbre, no se pudo encontrar ninguna evidencia que apoyara la versión creativa de los hechos de Borrell.

La notoria falta de escrúpulos de Borrell volvió a quedar patente esta semana, cuando se supo que uno de sus asesores en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, Gabriel Colomé, ha firmado recientemente artículos de opinión en Los Angeles Times y Euronews como “profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona”.

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¿Y qué más, Gabriel?

Colomé se encuentra, de hecho, en un año sabático precisamente para poder trabajar para Borrell. Si Colomé no anuncia quien es su actual jefe, Borrell puede hacer pasar una pieza de propaganda del Ministerio por una pieza de opinión de un académico independiente. “Las opiniones expresadas en los artículos son únicamente las del autor”, dice al pie del artículo de Euronews. “Una vez más, noticias falsas de un secesionista catalán”, exclama el artículo de Colomé en nombre del Ministerio. Qué vergonzoso se podría pensar, pero nada avergüenza a Borrell. No tiene vergüenza.

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¿En serio?

El Espectáculo de Graduación de Diplomáticos protagonizado por el Rey Felipe y José Borrell coincidió con el lanzamiento de la campaña de Global Spain para contrarrestar lo que califica como las “mentiras” y las “noticias falsas” del movimiento independentista. Global Spain es el cambio de imagen de la Marca España (Brand Spain), una especie de “Haz que España parezca genial de nuevo”, un engranaje costoso de la maquinaria propagandística española, reactivado por una nueva inyección de dinero de los contribuyentes y encargado de vender la utopía española al mundo, mientras que el juicio se desarrolla en directo en la televisión en catalán, castellano e inglés para una audiencia internacional.

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Para los interesados en seguir el juicio, la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMA) ha puesto a disposición una página web multilingüe:

www.ccma.cat/324/keys-catalan-independence-trial/

Global Spain cuenta incluso con una Secretaria de Estado, anteriormente conocida como Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España: la periodista y ex política de UPyD (Unión Progreso y Democracia), Irene Lozano, que fue reincorporada por los socialistas el pasado mes de octubre para hacerse cargo de la nueva secretaría. La Marca España fue creada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y encabezada por José Manuel García-Margallo, como una herramienta para atraer la inversión extranjera y ayudar a España a superar la crisis económica. Gracias a la crisis catalana, se ha convertido en una plataforma de lanzamiento de la propaganda política del Estado español con el lema “Nada importa más que la verdad”. Si bien es cierto que “la mayoría de los países desarrollados [sic] tienen iniciativas similares para gestionar su imagen de país [sic]”, no muchos países tienen un Borrell que convierta tales iniciativas en el Ministerio de la verdad de Asuntos Exteriores. Según él, se considera que es una idea ingeniosa, pero es un insulto a la inteligencia de todos. En el 1984 de Orwell, el Ministerio de la Verdad es abreviado de forma más precisa como Miniver en neolengua/nuevalengua (lengua artística que aparece en la novela 1984, de George Orwell).

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Lozano será responsable de la difusión de vídeos de propaganda, de la supervisión de las campañas de medios de comunicación social y del uso de los foros, de la coordinación de los portavoces para salvar la reputación de España y de ayudar a la judicatura española a convencer al mundo de que en el Estado de Derecho español todo está en orden. El Gabinete del Presidente del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina de Información Diplomática (OID) también llevarán a cabo ofensivas de relaciones públicas en un esfuerzo concertado para persuadir al mundo que el juicio no es un juicio político, sino un juicio penal, que los acusados no son presos políticos, sino que son políticos criminales, que los políticos catalanes exiliados son, de hecho, criminales prófugos de la justicia, y que la violencia no tiene que suceder para existir. Los periodistas serán informados por todos los departamentos mencionados anteriormente sobre las contorsiones legales que están a punto de presenciar en el Tribunal Supremo, por si acaso no entienden lo que se supone que deben entender.

Esta semana, Lozano ha visitado Bélgica, la causa de gran parte de las palpitaciones nacionalistas españolas del pasado año, donde se celebró la multitudinaria manifestación independentista a finales de 2017 y país de acogida del Presidente Puigdemont y otros cinco exiliados catalanes, nacionalistas flamencos críticos y una judicatura reticente a acceder a las peticiones del Juez de Instrucción del proceso catalán, Pablo Llarena. Después se desplazó a “Londons” [sic] para dirigirse a la Cámara de los Lores y reunirse con el Grupo parlamentario británico-español de todos los partidos (British-Spanish All-Party Parliamentary Group).

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Primera parada Bruselas y Londons (en español, la capital del Reino Unido es plural)

Una de las recientes iniciativas de Borrell ha sido dar “instrucciones específicas” a los embajadores españoles y al cuerpo diplomático para contrarrestar los actos oficiales del presidente catalán, Quim Torra, cuando y donde quiera que se encuentre en suelo extranjero “denigrando a España”. Se mostró especialmente satisfecho con la respuesta a Torra por parte del cónsul español en San Francisco, Diego Muñiz, en la Universidad de Stanford, a la que calificó de “reprimenda”, con gran placer, aunque de manera poco acertada.

Para los foráneos, la campaña de propaganda anticatalana del Estado español dirigida a encubrir la celebración de juicios políticos por parte del poder judicial español bajo la atenta mirada de la Casa de Borbón, podría parecer incongruente con el empeño de las autoridades españolas en la existencia de una separación de poderes. De hecho, revela la impotencia antes mencionada del gobierno español.

Borrell siempre se ha quejado de las dificultades que ha tenido el gobierno español para contrarrestar el mensaje de los independentistas en la escena internacional. Lo cierto es que, por un lado, a la mayor parte del mundo no le importa lo que está pasando en España y, por otro, los enormes recursos a su disposición han quedado patentes en las agresivas reacciones de España frente a todas y cada una de las voces críticas procedentes del extranjero. Para información de todos, el gobierno catalán no tiene mucho dinero y cómo se gasta ese dinero sigue estando bajo el control del gobierno español. Es cierto que recibe mucha ayuda de voluntarios indignados, organizaciones independientes e individuos, que trabajan de forma gratuita, horrorizados por la política autoritaria y represiva de España hacia su propio pueblo en nombre de la unidad española.

¿Le preocupa ahora al gobierno español que los periodistas extranjeros dejen de limitarse a revisar las notas de prensa y se pongan a investigar y que dejen de seguir el ejemplo de sus homólogos españoles que ignoran la historia más trascendental de España, como lo han hecho durante años? Aunque la mayoría de los catalanes esperan que los ojos del mundo se concentren en el juicio durante los próximos meses, deberían prepararse para la decepción una vez más.

La fiscal general de España, María José Segarra, se ha negado a permitir la presencia de observadores internacionales argumentando que no es necesario porque “se ofrecerá una retransmisión en directo” y dudando de que “se pueda ofrecer más transparencia”. Se equivoca, e International Trial Watch -un grupo de expertos españoles y europeos en derecho y derechos humanos- asistirá de todos modos. Espero que se pueda encontrar un lugar para ellos. No hay nada como poder mirar por un agujerito.

Manuel Marchena, el ultraconservador “ariete” del Partido Popular, el juez más poderoso de España, presidirá la sala número dos. En la fiscalía estarán presentes representantes del partido de extrema derecha, Vox, que ha presentado acusaciones privadas contra todos los acusados en la causa contra el proceso catalán. La narrativa del gobierno español, del fiscal y de la extrema derecha es y seguirá siendo la misma. De todos los poderes del Estado, el poder judicial español es el que ha mantenido sus vínculos con el pasado más claramente y es el legado más evidente de la dictadura militar. Además de un juicio farsa, será un escaparate para la extrema derecha en el período previo a las elecciones europeas y locales de mayo. Una obscenidad.

El uso del poder judicial por parte del Estado español para aplastar al movimiento independentista catalán ha estado plagado de dificultades desde que se tomó la decisión de seguir la vía legal en lugar de la política. El principio entre estos problemas es que, aunque se acepte que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 fue inconstitucional, ¿qué parte del código penal podría utilizarse para perseguir a sus organizadores? Al final, el ya fallecido Fiscal General, José Manuel Maza, llegó a un acuerdo sobre dos de los cargos más graves del código – rebelión y sedición – que conllevan penas máximas de 25 y 15 años de prisión respectivamente. El delito de rebelión se utilizó por última vez para procesar a Antonio Tejero, quien dirigió el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. El principal obstáculo para una acusación de rebelión, sin embargo, es el requisito previo de un “alzamiento violento” en la sección 472, cuando los dirigentes y seguidores independentistas siempre han rechazado la violencia.

“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: …

Artículo 472 del Código Penal español

No es necesario entrar en los propósitos de cualquier supuesta rebelión que se produzca a continuación; la descripción del delito estipula deliberadamente la necesidad de que el acusado se haya alzado “violenta y públicamente” para que se le considere culpable. Cuando el delito de rebelión fue revisado en 1995 por un comité pluripartidista, se insertó la expresión “violenta” tras consultar a la Real Academia Española sobre su definición precisa. El editor del delito de rebelión afirma que no cubre los acontecimientos de septiembre y octubre en Cataluña.

“There is no rebellion; Maza is using his imagination”

“No existe ningún crimen de rebelión en lo que ha hecho Puigdemont.” Diego López Garrido, que redactó la ley

En el caso del delito de sedición, artículo 544 del código penal, es necesario que el acusado se haya alzado “pública y tumultuariamente”.

“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”

Artículo 544 del Código Penal español

Desde la sentencia original de Maza, parece que el Tribunal Supremo está utilizando en su lugar el código penal español de 1870. Pablo Llarena, que se hizo cargo del caso como juez de instrucción, se ha empeñado al máximo para que la ley se ajuste a los hechos. Su redefinición de la expresión “con violencia” no se realizó esta vez en consulta con la Real Academia Española.

“Nuestro legislador, al incluir en la descripción del delito el adverbio que condiciona la acción (violentamente), evita incorporar en el delito el contenido sustantivo que se sugiere. Actúa violentamente quien lo hace de manera violenta, lo que no significa necesariamente lo mismo que actuar con violencia.”

Pablo Llarena, juez de instrucción del proceso catalán

Sus decisiones y razonamientos son laberínticos.

Redefining violence by Pablo Llarena, Supreme Court judge

Son muchas las razones por las que este juicio no debería celebrarse en absoluto, y menos aún en su versión actual, según el artículo The Dark Side of Spain’s Supreme Court (El lado oscuro del Tribunal Supremo español): irregularidades procesales, la inexistencia de fundamento jurídico, no entra dentro de la competencia del Tribunal Supremo, la irregularidad en el nombramiento de Llarena como juez de instrucción, la naturaleza política del control de Marchena, así como la existencia de unos magistrados ultra conservadores, además de una serie de escándalos que implicarían a los actores más importantes de la justicia española.

Antes incluso de que se inicie el juicio, una gran parte de la población ha analizado detenidamente las leyes pertinentes, todos los acontecimientos, los protagonistas han sido analizados en detalle y los procedimientos están sometidos a un escrutinio constante. Para aquellos que han hecho su tarea, es realmente muy simple. Sin embargo, de los periodistas que intentan ponerse al día bajo la influencia del Ministerio de Información, poco se puede esperar.

Los presos, y ahora los juicios, siempre tuvieron la intención de amarrar el movimiento independentista, ocupar todo su tiempo y recursos, centrar toda su atención en sus representantes electos convertidos en mártires políticos. Ninguno de ellos merece estar en prisión. En septiembre y octubre de 2017, para disgusto de la mayoría de los independentistas, retrocedieron del borde del abismo, sin hacer legalmente efectiva la declaración unilateral de independencia. Algunos se entregaron mansamente a las autoridades. Otros se fueron. El Estado español, sin embargo, decidió ejecutar su plan de todas formas, “para alentar a los demás”. En cuanto al derecho penal, no habían hecho nada malo. No tomaron la “opción nuclear”. España sí lo hizo, y aquí estamos en vísperas de los juicios farsa.

Aunque los juicios mostrarán a cualquiera interesado lo que el Estado español es en realidad, y los presos y el movimiento independentista seguirán ocupando la instancia moral suprema, al poder español, el llamado deep state, no le preocupa su imagen internacional. Mañana los presos serán transportados a la capital española como corderos al matadero. Cuando inevitablemente reciban una sentencia condenatoria y sean devueltos a prisión, y luego, en un futuro lejano, su caso llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el poder judicial español sea inevitablemente castigado por las violaciones de los derechos humanos, no ocurrirá nada y nada cambiará, y a España y a la “comunidad internacional”, si es que existe, les seguirá importando un comino.

“Todo lo que tengo que hacer es decir la verdad.”

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán acusada de rebelión por permitir una votación

La presidenta del Parlamento catalán, encarcelada, ha dicho: “Preparar mi defensa ha sido fácil. Todo lo que tengo que hacer es decir la verdad”. Ojalá fuera tan sencillo en España. Los catalanes están, como siempre han estado, solos y se enfrentan a un adversario temible y amoral.


Original por MILFORD EDGE @milfordedge (barbaryfigs)


Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena)
Article translated by AnnA (@annuskaodena)


Artículo original: http://barbaryfigs.com/2019/01/31/the-ministry-of-truth/

Publicado el 31 de enero de 2019


 

Catalana. Londinenca. Republicana. Llicenciada en Filologia Anglogermànica. Traductora i correctora. Estimo les llengües i els llibres. Estimo la meva terra, Catalunya

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