Inkstick Media - El declive democrático de España
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EL DECLIVE DEMOCRÁTICO DE ESPAÑA | Raphael ‘Tsavkko’ Garcia. Inkstick Media

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España está considerada generalmente como una democracia sana, pero existen tendencias preocupantes bajo la superficie. España viola sistemáticamente los convenios internacionales-sobre todo en el trato a las minorías catalana y vasca- y ha llegado incluso a obstaculizar, e incluso bloquear, el trabajo de la prensa con una legislación draconiana.

El final de la dictadura de Francisco Franco en 1976 no trajo la tan esperada paz y democracia a España. En las últimas décadas, España ha sufrido numerosos reveses democráticos y ha perpetuado una serie de violaciones de los derechos humanos. Desde innumerables casos de tortura y detenciones arbitrarias hasta el cierre forzado de periódicos en el País Vasco y la injerencia en el proceso de independencia de Cataluña, al parecer, si se analiza con más detenimiento, el aspecto democrático de España no es lo que aparenta.

Un indicador importante del declive democrático de España es la persecución de artistas, en particular de músicos, por “ensalzar el terrorismo“. Un informe reciente revela que España encarcela a más artistas que cualquier otro país del mundo. Usuarios de Twitter y periodistas también han sido imputados, y en algunos casos condenados, por cubrir manifestaciones, twittear chistes sobre miembros de la dictadura franquista y apoyar las causas vascas y catalanas.

Desde 2015, el gobierno español ha utilizado otra herramienta para detener a personas basándose en el “ensalzamiento del terrorismo “: la llamada “Ley Mordaza”. Esta ley define la protesta pública ante el Parlamento y otros edificios gubernamentales como una “perturbación de la seguridad pública” sancionada con una multa de 30.000 euros. También impone graves multas a quienes se unan a protestas espontáneas cerca de servicios públicos, centros de transporte, plantas de energía nuclear o instalaciones similares. Y en un ataque directo a la prensa, el “uso no autorizado” de imágenes de las fuerzas del orden o de la policía también puede ser objeto de una multa de 30.000 euros, lo que hace casi imposible documentar los abusos cometidos por los agentes del orden.

Pero la utilización de las cuestiones de seguridad nacional como excusa para limitar la libertad de expresión no es nada nuevo. El gobierno español ha cerrado periódicos, proscrito partidos políticos y torturado a periodistas durante las últimas décadas en el País Vasco. No es de extrañar que la ideología de “todo es ETA” -utilizada durante muchos años para perseguir y criminalizar a movimientos, políticos, periodistas, periódicos y ciudadanos del País Vasco- también se esté utilizando para reprimir a los movimientos políticos en Cataluña.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna), o “País Vasco y Libertad” por sus siglas en euskera, fue un grupo separatista activo desde 1959 hasta 2018; responsable de una serie de asesinatos y bombardeos en toda España durante su lucha por la independencia de la dictadura de Franco. Aunque el grupo se ha disuelto, su antigua existencia sigue siendo utilizada como excusa para perseguir a los opositores al gobierno español.

LA REPRESIÓN EN CATALUÑA

Con la disolución de la ETA, el foco de atención se ha desplazado del País Vasco a Cataluña. El referéndum sobre la independencia de Cataluña, celebrado en octubre de 2017, fue recibido con una gran violencia por parte de la policía española, provocando una conmoción internacional por las imágenes de personas mayores siendo golpeadas mientras intentaban votar.

Después de que el Parlamento catalán intentara declarar la independencia, España recurrió al artículo 155 de la Constitución española, suspendiendo la autonomía regional. Después de que Cataluña recuperara su autonomía, los políticos catalanes fueron arrestados y otros forzados al exilio, mientras continuaban las detenciones de activistas y políticos.

En octubre de 2018, el Tribunal Supremo de España ordenó que un total de 18 líderes separatistas catalanes fueran juzgados. Los fiscales buscan penas de prisión de hasta 25 años por delitos como desobediencia, rebelión y malversación de fondos públicos. Los 18 líderes niegan los cargos y sus abogados afirman que el juicio es político. Doce de esos dirigentes han sido juzgados en Madrid por el Tribunal Supremo español y se hallan a la espera de sus sentencias. Otras seis personas aún no han sido juzgadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, varios líderes catalanes de alto rango, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, viven en el exilio después de que los jueces de sus nuevos países denegaran las reiteradas solicitudes de extradición de España. Otros líderes catalanes, como Anna Gabriel, líder del partido de extrema izquierda Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), también decidieron exiliarse -en su caso a Suiza- para huir de un sistema judicial que ellas consideraban parcial y persecutorio.

Aleix Sarri, coordinador de Asuntos Internacionales del presidente catalán, se muestra pesimista sobre el futuro de los líderes catalanes que se enfrentan a un juicio. Para Sarri, “la justicia española y, por extensión, el Tribunal Supremo que juzga el caso, está extremadamente politizada. No hay un juicio justo, y en todo el proceso judicial hay voluntad de castigar”.

Mikko Kärnä, político finlandés y partidario de la independencia de Cataluña desde hace tiempo, coincide con Sarri en que “la justicia española es corrupta y política. Tenemos pruebas claras de que el Partido Popular (PP) tiene el control de la sala del Tribunal Supremo, sin embargo, el mayor problema es que en España es posible acusar a los políticos y a los líderes de la sociedad civil de cumplir con los mandatos políticos que les han encomendado sus votantes”.

“España es la vergüenza de Europa”, sentencia.

Por otro lado, Miquel Iceta, líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), el brazo catalán del PSOE de centro-izquierda en el poder, cree en el sistema judicial español. Dice que tiene “confianza en el sistema judicial español, en su independencia e imparcialidad; lo que no impide que en algunos casos podamos estar en desacuerdo legítimamente, pero siempre con respeto y argumentación legal”.

DETENCIONES EN CATALUÑA

En Cataluña, los dos principales líderes de la derecha española, Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), se han unido para intentar ilegalizar el partido independentista de izquierdas, la CUP. Casado y Rivera quieren impedir la entrada de cualquier partido político regional o independentista al Congreso de los Diputados creando una cláusula de bloqueo. También acusaron a la CUP de promover la violencia por su apoyo a las organizaciones sociales que realizan actos de desobediencia civil pacífica en Cataluña. La prensa internacional ha denunciado la brutal represión de los que intentaban votar, pero no ha habido informes de ningún acto violento cometido por ningún individuo o grupo del bando pro-independentista. Poco después del referéndum, España amenazó incluso con detener a más de 700 alcaldes catalanes por su apoyo al movimiento independentista.

El año pasado, varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), un grupo de pequeñas organizaciones cuyo objetivo es garantizar la independencia de Cataluña, fueron detenidos y acusados de incitar a la rebelión y de llevar a cabo actos de terrorismo por cerrar carreteras, abuchear al rey español Felipe VI y obstruir  los peajes. Y este año, al menos dos alcaldes y varios miembros del CDR han sido detenidos y acusados de “desorden público” por manifestarse a favor de una república catalana.

Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos (entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial contra la Tortura, la Fundación Frontera Electrónica y organismos regionales e internacionales (entre ellos el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión) han condenado los abusos cometidos contra los políticos y los líderes sociales catalanes durante la detención preventiva. También se han opuesto a la legislación antiterrorista española y a sus crecientes restricciones a la libertad de expresión (incluida la libertad de Internet) y de reunión pacífica.

LA EXTREMA DERECHA: VOX

En diciembre de 2018, Vox, un partido político español de extrema derecha, ganó escaños por primera vez en un parlamento regional. Obtuvo 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, la región más meridional de España, con un discurso en contra de los inmigrantes, los musulmanes, la independencia catalana y los derechos humanos (en particular los derechos de las mujeres y los LGBT). Fue la primera vez que un partido político de extrema derecha pudo entrar en un parlamento local (o nacional) desde que terminó la dictadura franquista en 1976.

Los logros políticos de Vox son particularmente preocupantes por tres razones importantes:

En primer lugar, la fuerza del catalanismo ha despertado el nacionalismo español latente de los otros partidos españoles. El conflicto catalán encauzó a todos los grandes partidos políticos hacia una alianza no oficial contra la independencia de Cataluña, apoyando las duras medidas del poder judicial contra los líderes políticos y sociales y negando cualquier debate con la opción de independencia sobre la mesa.

En segundo lugar, la retórica de Vox sobre la población migrante y los refugiados está ganando fuerza en España a medida que la gente se cansa con la aparente postura más laxa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la inmigración.

En tercer lugar, los partidos del PP y Ciudadanos de España están girando hacia la derecha, asemejándose más a los partidos políticos europeos de extrema derecha en varios temas clave.

DEMOCRACIA LIMITADA

Aunque España no se encuentra de camino al fascismo una vez más, persisten algunos rasgos insidiosos de tal régimen, en particular en el sistema judicial y en gran parte de la cultura política. La llegada de Vox como nuevo jugador está sacudiendo la política española, sólo un ejemplo de la ola de partidos radicales de derecha que están ganando fuerza en todo el continente y en el mundo. La democracia se está volviendo cada vez más imperfecta y se están dejando de lado los derechos políticos y sociales básicos de la población, especialmente los de las minorías.

“En España, existe una percepción bastante general de que la justicia no es totalmente independiente e imparcial, y no sólo en el caso del juicio de los líderes independentistas”, afirma Eva Doya, politóloga de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Sciences Po Paris.

Entre las numerosas violaciones de los derechos humanos y los juicios injustos de los dirigentes catalanes, muchos en España se preguntan por qué los dirigentes europeos han optado por guardar silencio.

Doya se une a quienes presionan a los líderes europeos para que se pronuncien diciendo que “creo que los líderes europeos deberían facilitar una solución política, especialmente ahora que las posiciones están tan alejadas unas de otras, y antes de que se dicten las sentencias”. Cuando se dicte la sentencia, será demasiado tarde para una de las partes implicadas. ¿Cómo sentarse en la mesa de negociaciones cuando una de las principales reivindicaciones -la libertad de los líderes independentistas- ya no se puede debatir?”.

Las condenas de prisión de los dirigentes políticos catalanes pueden prorrogarse en cualquier momento. Mientras tanto, permanecen en prisión, impedidos de ejercer sus mandatos y de actuar políticamente. Los partidos políticos catalanes siguen presionando por una solución política en la que los partidos políticos españoles acepten sentarse en una mesa de negociación. Quieren que los partidos permitan la celebración de un nuevo referéndum y la liberación de los presos, un escenario poco probable en medio de las negociaciones para formar un nuevo gobierno español en el que el PSOE necesite el apoyo de la derecha para seguir gobernando.

En resumen, España está limitando lentamente la democracia a través de su persistente violación de los derechos humanos y de la persecución de quienes considera opositores al régimen. Estas tendencias preocupantes alejan a España del modelo de una democracia europea moderna y la remontan a la época de la dictadura franquista, en la que se reprimía la disidencia política. La condena de los líderes políticos catalanes podría ser un golpe final a la imagen democrática de España, demostrando que los medios pacíficos de acción política, como votar en referéndums y manifestarse de forma no violenta, sólo encontrarán la represión y la restricción en España.

Raphael Tsavkko Garcia (@Tsavkko_intl) es un periodista freelance brasileño. Su trabajo ha sido publicado en Al Jazeera, The Washington Post, Foreign Policy, World Politics Review, PRI, The Brazilian Report, entre otros medios de comunicación. Licenciado en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto.


Artículo traducido por AnnA @annuskaodena
Article translated by AnnA @annuskaodena


Fuente: Inkstick Media @inkstickmedia

https://inkstickmedia.com/spains-democratic-decline/

Autor: Raphael ‘Tsavkko’ Garcia @Tsavkko_intl 
Fecha de publicación: 26 de julio de 2019




 

Catalana. Londinenca. Republicana. Llicenciada en Filologia Anglogermànica. Traductora i correctora. Estimo les llengües i els llibres. Estimo la meva terra, Catalunya

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