Declaración por escrito presentada por Tamil Uzhagam, una organización no gubernamental de carácter consultivo especial.
ESPAÑA-CATALUNYA: UN CONFLICTO POLÍTICO LLEVADO A LOS TRIBUNALES: EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO Y EQUITATIVO, EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EL DERECHO A LA LIBERTAD Y LA PROHIBICIÓN DE LA DETENCIÓN Y/O PRISIÓN ARBITRARIA, EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO; VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
El pasado 12 de febrero de 2019 se iniciaron las sesiones de uno de los juicios más esperados en España. 9 ex “consellers” (ministros), del Gobierno catalán, entre ellos su vicepresidente, la ex presidenta del Parlament de Catalunya y dos líderes de las mayores entidades sociales (presidente y ex presidente de l’Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, respectivamente) están siendo juzgados por el Tribunal Supremo español acusados de la organización e implementación de un referéndum de autodeterminación en Catalunya el 1 de Octubre de 2017. Se les acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
También se les acusa de haber provocado – supuestamente – violencia y de utilizar esta (inexistente) violencia para provocar una rebelión contra el Estado español, a pesar que todas las manifestaciones a favor de la independencia del pueblo catalán han sido siempre pacíficas. La única violencia vino de parte de las fuerzas de seguridad españolas, que causaron un millar de heridos el día 1 de octubre. Podemos recordar aquí la Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 7 de marzo de 2018. (1)
El juicio no es más que la punta del iceberg de un bloque de acciones políticas y legales que han tenido lugar en Catalunya y España durante los últimos años. Históricamente, desde hace siglos, la relación entre Catalunya y España ha sido problemática y, de nuevo, la respuesta española a un conflicto político está muy lejos de solucionarse a través del diálogo político, tal como recomendó el Alto Comisionado.
España está obligada por los tratados internacionales de derechos humanos y tiene obligaciones que se derivan del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellas la obligación de respetar la libertad de reunión y asociación pacífica, la libertad de opinión y expresión, y no hace falta referirse al derecho a la libertad y, por supuesto, al derecho a un juicio justo y a una protección judicial efectiva, con todas las garantías al respecto.
Al llevar a todas estas autoridades y ciudadanos ante los tribunales, al haber privado de libertad a la mayoría de ellos mediante la prisión preventiva, independientemente de cualquier otra medida menos severa recogida en el ordenamiento jurídico español, el Poder Judicial español ha estado infringiendo normas del derecho internacional sobre derechos humanos. Sentencias y medidas dictadas durante la fase de investigación, negativa a admitir recursos que solicitaban su libertad, obstaculizando sus derechos políticos (incluso en contra de los criterios del Comité de Derechos Humanos, que solicitó a España la adopción de medidas cautelares para uno de los acusados con el fin que pudiera comparecer en el Parlamento catalán como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, como consecuencia de los resultados de unas elecciones democráticas y legales), provocan numerosas dudas sobre la imparcialidad de un juicio apolítico, justo e independiente.
España ha ignorado reiteradamente las recomendaciones y llamamientos de organizaciones internaciones, organismos de Naciones Unidas (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, varios Relatores Especiales, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, numerosas organizaciones nacionales e internacionales en defensa de derechos humanos, autoridades internacionales, tribunales extranjeros, prestigiosos juristas, etc…) que piden una solución política para un conflicto político y ofrecen mediación internacional. Sin embargo, ha ocurrido justo lo contrario: la última negativa ha provenido del Tribunal Supremo, que no ha permitido la presencia de observadores internacionales en la sala donde se celebra el juicio.
Según expertos nacionales e internacionales esto ha conducido a una situación de represión generalizada “de facto”, en la que se han utilizado métodos característicos del “Derecho Penal del Enemigo”. Tales metodologías quiebran el principio del derecho penal como “ultima ratio”, lo que conlleva la limitación de los derechos de un número indeterminado de personas consideradas ideológicamente como “opositoras”. Todas estas actitudes violan el Estado de Derecho y la separación de poderes inherente a las democracias desarrolladas.
El alcance de la investigación nos muestra una interpretación y aplicación extensiva, desproporcionada y abusiva de la ley, especialmente del derecho y el procedimiento penal por parte de diferentes tribunales españoles. Esto ha afectado al menos dos dimensiones complementarias. Por una parte, la investigación judicial, la investigación penal, las órdenes de detención y las órdenes de prisión preventiva han sido llevadas a cabo por tribunales que carecen de jurisdicción y de competencias procesales objetivas, ya que los procedimientos se iniciaron en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo – hecho que vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley – tribunales que están situados a más de 600 kilómetros de los domicilios habituales de los acusados.
Por otra parte, se deduce una interpretación abusiva del derecho penal, que no se ajusta al principio de legalidad y los derechos humanos, habida cuenta que las investigaciones policiales y judiciales y las interpretaciones de los presuntos delitos de rebelión y sedición no han respetado el principio de legalidad penal y los diversos criterios de interpretación de la norma, tal como disponen los estándares nacionales e internacionales. La interpretación fáctica y jurídica de los delitos de rebelión y sedición no es compartida ni asumida por los tribunales europeos, especialmente por los tribunales alemanes y belgas (tribunales que han considerado que las órdenes de detención europea no estaban ajustadas a derecho y que el elemento de violencia no podía ser utilizado para acusar e incriminar al Presidente de la Generalitat de Catalunya y a los ex consellers exiliados en estos países). El Tribunal Supremo de España ha hecho un uso estratégico, tendencioso y distorsionado de los instrumentos de la cooperación internacional en materia de justicia penal. Además se ha producido una atomización y fragmentación judicial de investigación y enjuiciamiento de la causa judicial contra autoridades y activistas de la sociedad civil en relación con las acusaciones de diversos delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, desobediencia a los tribunales y pertenencia a organización delictiva, entre otros.
La mayor parte de la investigación penal se ha llevado a cabo, al menos, en cuatro tribunales diferentes, a saber, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y los tribunales de instrucción (especialmente el Tribunal de Instrucción nº 13 de Barcelona). Además se ha producido una investigación prospectiva ilegal de actividades políticas y/o sociales (específicamente de políticos, funcionarios y líderes de la sociedad civil considerados como adversarios y/o enemigos políticos). Asimismo se han producido vulneraciones relacionadas con el derecho a la defensa judicial con las debidas garantías (incluidas las actividades de investigación “ultra vires” (actuaciones que van más allá de la autoridad conferida (NdT) de la Fiscalía, paralelas y superpuestas a las actuaciones judiciales y sin que fuera posible la intervención equitativa de los abogados defensores de los investigados), vulneraciones de la imparcialidad e independencia judicial y violaciones al derecho de presunción de inocencia, tanto por parte de los órganos judiciales como por parte de altas autoridades españoles. También se percibe un abuso judicial de la detención preventiva por parte del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. A pesar de las recomendaciones y llamamientos de organismos nacionales e internacionales, prestigiosos juristas nacionales e internacionales expertos en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, incluidos los diversos organismos, relatores especiales y otras instituciones de la Organización de Naciones Unidas, entre ellas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante más de un año – y hasta la fecha – se ha producido un uso abusivo y desproporcionado de la prisión preventiva, sin respetar los derechos humanos, en lo que respecta a la situación de los parlamentarios antes mencionados y los dos dirigentes de las principales organizaciones cívicas.
Las decisiones judiciales en materia de medidas personales y cautelares también se aplican violando el principio de igualdad ante la ley. Existen numerosos ejemplos de falta de imparcialidad por parte del juez instructor durante el procedimiento, incluido el hecho de considerarse a él mismo como víctima del delito de rebelión y sedición cuya investigación dirigía. Esto ha provocado una acción civil en los tribunales de Bruselas por falta de independencia, que aún está pendiente de resolución.
(1) Véase 37º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Punto 2: Informe anual y actualización oral del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre las actividades de su departamento y la evolución reciente de la situación de los derechos humanos. La actualización global de la preocupación del Alto Comisionado por vulneraciones de los Derechos humanos. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/-Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22772&LangID=E, “ En España, quedé consternado por la violencia que se empleó durante el referéndum sobre la independencia de Catalunya en octubre. Que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía fuese calificado por parte del Gobierno español como “legal, legítima y necesaria” es cuestionable. (…) Recuerdo a las autoridades españolas que la detención preventiva debe considerarse una medida de último recurso. Hago un llamamiento a que se resuelva esta situación a través del diálogo político…”
Traducido por Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Translated by Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Original document (in English)
Este documento será presentado el 7 de marzo.
