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Justicia de doble rasero. Junge Welt

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La reciente condena de algunos jóvenes a altas penas de prisión y las acusaciones contra políticos catalanes muestran el carácter político del poder judicial español: el enemigo está en la izquierda.

Article traduït per Xavier F. Domènech (@xavidomenech99)

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Pamplona 15 de juny de 2018 / AP Photo/Alvaro Barrientos

En la madrugada del 15 de octubre de 2016, durante las fiestas patronales de #Altsasu (una localidad del País Vasco español), se produjo una pelea: en un bar se enfrentaron varios jóvenes y dos guardias civiles. Balance de daños: un labio hinchado y una fractura de tobillo. Nada inusual en un país como España donde tan sólo en 2016 se produjeron 9.571 enfrentamientos entre ciudadanos y policías, todos ellos calificados como “resistencia a la autoridad”. También en el caso de Altsasu, se presentó una denuncia ante las autoridades locales.

Pero entonces sucedió algo inesperado: “Nos asustamos cuando vimos el tratamiento que ciertos medios de comunicación y la televisión española daban al caso en el que estaban involucrados nuestros hijos. Decían que Altsasu estaba dividido y que los agentes de la Guardia Civil no podían circular libremente sin ser insultados por los ciudadanos. Se describía una situación de violencia extrema que nada tenía que ver con la realidad. Los medios de comunicación prepararon el terreno para lo que ocurrió después”. Así lo explica Bel Bozueta, madre de Adur, de 23 años, uno de los implicados en este caso. La abogada de Adur, Jaione Karrera, describe la evolución de los hechos: “Pocas semanas después de la pelea, una asociación de víctimas del terrorismo presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de Madrid. Este tribunal es competente en delitos especialmente graves como el terrorismo, y las sentencias siempre incluyen severas penas de prisión”. De hecho se intentaba vincular a la juventud vasca con un movimiento que exige la retirada de la Guardia Civil del País Vasco y relacionarlos con la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, ETA).

Un caso de terrorismo

“Hemos afirmado repetidamente que no hay ninguna evidencia que alguno de estos jóvenes formase parte de este movimiento. Estas peleas son habituales cada fin de semana en todo el país. En algunas se utilizan armas, bates de béisbol, a veces acaban con graves lesiones. Ninguno de estos casos ha terminado en un tribunal especial”, dice la abogada. Los tribunales competentes del País Vasco argumentaron en un dictamen pericial que no existían evidencias de terrorismo y que el caso debía resolverse en los tribunales habituales. Pero Madrid no cedió. La disputa sobre la jurisdicción llegó al Tribunal Supremo. No se descartó el terrorismo y se asignó el caso a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la misma juez que un año más tarde encarcelaría al candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez y al presidente de la organización catalana Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, acusándolos de “rebelión”.

Las familias de Altsasu observan los acontecimientos con temor y preocupación: “La Guardia Civil tiene un gran peso y también una historia muy oscura. Fuimos testigos de cómo actuaba esta policía en el País Vasco en los tiempos de ETA… fue algo terrible. También vimos que, desde el principio existía un fuerte interés político para sobredimensionar ese incidente”, explica la madre de Adur. Lo que más les horrorizó fue el tweet del por entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy en el que aseguraba que este atentado contra la Guardia Civil no quedaría impune. A primera hora de la mañana del día 14 de noviembre, un fuerte dispositivo policial se situó frente a la puerta de su casa, se llevaron a su hijo con ellos. Otros siete de sus amigos también fueron detenidos.

Fueron acusados de terrorismo. El fiscal pidió entre 50 y 61 años de prisión para los siete acusados, entre ellos una joven que podría pasar entre rejas 12 años. “Fue una investigación muy corta. Nuestros clientes prestaron declaración en la Audiencia Nacional y fueron encarcelados por supuesto riesgo de fuga en una prisión cercana a Madrid. Tres de ellos permanecieron encerrados durante 19 meses hasta que se dictó sentencia. Estas condiciones sólo son aplicables en caso de terrorismo”, dijo Jaione Karrera. La madre de Adur describe lo que esto significó para su hijo, por aquel entonces un maestro y músico de 21 años: “Estaban controladas todas las comunicaciones. No se les permitía participar en las actividades de la cárcel. Fueron sometidos a los controles más estrictos por parte del personal de seguridad. Pedimos una entrevista con un psicólogo porque los primeros meses fueron muy duros para nuestro hijo. Esto fue en agosto de 2017, el psicólogo lo examinó por primera vez en junio de 2018”.

No és un juicio justo

La abogada de Adur está convencida que el poder judicial tiene graves prejuicios contra su cliente:

“No se habría producido esta acusación y este encarcelamiento preventivo si el acusado no hubiese sido vasco. Todo el proceso parece completamente anacrónico”.

ETA había depuesto las armas en 2011, cuando los acusados eran menores de edad. “Todas nuestras pruebas han sido rechazadas. Sólo tienen en cuenta el informe con las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil afectados. No se nos permite presentar videos, ni siquiera pruebas objetivas como un plano de la barra del bar para demostrar una versión de los hechos diferente de la que presenta la fiscalía”. Además han rechazado todas las pruebas de la defensa que se refieren a la situación política real en Altsasu, aunque parte de la acusación terrorismo se base en esta cuestión”.

Pero todo es susceptible de empeorar. En febrero de 2017 la defensa se entera que una de las magistradas competentes en el caso, la juez Concepción Espejel, está casada con un coronel de la Guardia Civil y que había sido condecorada por el Ministerio del Interior español con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que se concede a quien lleva a cabo “acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la patria”. La defensa pidió la recusación de esta magistrada “a fin de garantizar el derecho a un juez imparcial”. Pero fue rechazada.

Las sentencias dictadas el 1 de junio son extraordinariamente duras. Como a la Audiencia Nacional le preocupa que el proceso pueda ser anulado posteriormente, decide finalmente no mantener su acusación de terrorismo. Sin embargo, los jóvenes de Altsasu son finalmente condenados por lesiones, alteración del orden público y atentado a la autoridad. A 3 de los acusados se les impone la pena máxima: 13 años, a los demás 9 años, excepto un adolescente que es condenado a 2 años. La defensa recurre la sentencia. Sin embargo, todos los condenados son detenidos y encarcelados por la Guardia Civil, pocos días después de la sentencia.

Las familias protestan por las penas desproporcionadas y las numerosas irregularidades del proceso. Miles de personas de toda España acuden al País Vasco para mostrar su solidaridad con ellos. “No ha habido presunción de inocencia. Desde el principio sólo se ha tenido en cuenta la versión de la fiscalía, no la de la defensa” resume la abogada Karrera. Además, los acusados fueron confinados durante su prisión preventiva en cárceles a 400 kilómetros de su ciudad natal. Esta política de dispersión se utilizó durante décadas con los presos vascos, y desde el otoño pasado también con los independentistas catalanes presos. La madre de Adur, ve una intencionalidad política detrás de la sentencia.

“La Guardia Civil es un elemento importante de la “unidad de España”, se considera un pilar de la nación española. Y aunque la acusación de terrorismo no se ha podido sostener, hemos podido comprobar cómo se sigue argumentando en esa misma dirección, para que el ciudadano de a pie siga creyendo que nuestros hijos son terroristas. Hay una intencionalidad muy clara detrás de las sentencia: la venganza”.

Bel Bozueta ve paralelismos con la situación de los activistas y políticos catalanes encarcelados: en ambos casos se demuestra que en España no existe la división de poderes.

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La Guàrdia Civil no és una força policial. Funcionaris de la Guàrdia Civil a Segovia 13 de gener de 2010 / EPA/CHEMA MOYA

Los familiares y abogados de los presos catalanes se quejan también de detenciones desproporcionadas y de arbitrariedades procesales. El ex conseller de Exteriores de Carles Puigdemont, Raül Romeva, fue detenido por segunda vez en pocos meses. No fue hasta mediados de junio que el Tribunal Supremo español confirmó los cargos contra él y otros políticos catalanes: rebelión y sedición. Las penas pueden elevarse a 30 y 12 años de prisión, respectivamente. “La rebelión en España requiere el uso de la violencia, pero mi marido ni siquiera cogió una piedra”, dice Diana Riba, esposa de Romeva. Se queja, también, que los acusados apenas han tenido tiempo de consultar debidamente a sus abogados. Txell Bonet, compañera de Jordi Cuixart, que lleva ocho meses en prisión, está convencida que no habrá un juicio justo: “Es como el caso de Altsasu, en principio exigen el máximo castigo, quizás no puedan finalmente condenarlos por rebelión, pero serán condenados aunque no haya habido violencia”.

Jaume Alonso-Cuevillas representa a algunos de los políticos catalanes en el exilio, entre ellos a Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas es abogado desde hace 35 años y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. “En España, la prisión preventiva se utiliza a menudo de manera desproporcionada como una especia de castigo anticipado. En nuestro caso tenemos claro que tiene una intención disuasiva. ‘Qué a ningún vasco o canario se le ocurra imitar a los catalanes’”.

Al igual que la abogada vasca Jaione Karrera, Alonso Cuevillas está convencido que se han violado los derechos fundamentales de sus clientes. “Se nos informó con muy poca antelación que los procesados estaban acusados de rebelión, lo que podría comportar penas de hasta 30 años de cárcel. Fuimos convocados el día siguiente a las 9 de la mañana en Madrid, a 650 kilómetros de distancia”. “Recibí 150 páginas de documentación, pero no adjuntaron ninguna prueba”. El abogado catalán se queja también del abuso del derecho penal: “Se podría considerar un delito de desobediencia, pero no de rebelión. Por supuesto, un ataque violento al orden constitucional es un delito aquí y en todas partes. Y es lo que sucedió en España el 23 de febrero de 1981 durante el intento de golpe de Estado o durante el golpe militar de Franco en 1936, pero aquí no hubo violencia, sólo un proceso democrático. El problema es que tanto la fiscalía como el Tribunal Supremo se consideran víctimas de este proceso. Por eso no se juzga con objetividad”, añade Alonso-Cuevillas.

Poder judicial conservador

Joaquín Urías, antiguo juez del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, no cree que los procesos contra vascos y catalanes sean consecuencia de la ausencia de separación de poderes. Sin embargo, coincide con el abogado catalán en cuanto a la objetividad.

“En España, no actúan al dictado del Gobierno, el problema es que los propios jueces representan una determinada ideología. No es un problema de independencia del poder judicial, sino de neutralidad”.

Esto puede aplicarse particularmente a los altos tribunales españoles, donde los jueces son nombrados por el Estado. Aquí prevalecen las posiciones conservadoras. Para Urías, el “caso Altsasu” es un ejemplo típico.

“Se produce un conflicto entre un policía y un ciudadano. El juez siempre, repito; siempre, estará de parte del policía. Esto es inquietante”.

En su opinión, los jueces, en un Estado democrático, protegerían al ciudadano de los poderes del Estado. “Siempre que hay un conflicto entre un ciudadano y un policía, incluso si el policía ha cometido un delito, los jueces actuarán siempre en interés del policía”. Lo hemos podido comprobar en el caso de la violación múltiple del grupo conocido como “La Manada” que ocurrió en Pamplona en julio de 2016 y que desencadenó grandes protestas en todo el país. Los jueces reconocieron el abuso sexual, pero no acusaron de violación a ninguno de los implicados, que fueron puestos en libertad durante el periodo de apelación. Dos de los acusados eran miembros del ejército y de la policía.

La razón de este hecho, según el abogado constitucionalista, se remonta a la “Transición”, el proceso de instauración de un sistema democrático que se produjo en España tras la muerte del dictador Franco y que se inició en 1978.

“A diferencia de Alemania, el poder judicial no cambió en absoluto después de la dictadura. Tras la muerte de Franco votamos a favor de una nueva constitución, pero los mismos jueces que aplicaban las leyes franquistas, debían aplicar ahora la Constitución. Por lo tanto, se necesita un largo periodo de tiempo para que los derechos y valores de la Constitución de afiancen en el poder judicial español”.

Otro problema importante es la formación. “En otros países, los futuros jueces dedican mucho tiempo a estudiar y analizar casos reales, llevan a cabo prácticas, están en contacto con la realidad. En España sólo necesitas estudiar durante 5 años y disponer de mucho dinero para pagar un buen tutor”, añade Urías. Por otra parte, el origen social de los jueces es muy homogéneo, lo que contribuye a que la mayoría del poder judicial español tenga una orientación marcadamente conservadora”.

Urías ve otro problema en el propio ordenamiento jurídico español. El derecho penal español tiene un carácter cada vez más ideológico: “No es posible aplicar ciertas leyes sin que el propio juez las interprete políticamente, no hay una base fáctica”, advierte. Un ejemplo es la “Ley de Seguridad Ciudadana” y la demostración la podemos encontrar en el caso de la “incitación al odio”. Recientemente se celebró un juicio porque el periodista Antonio Maestre había sido amenazado de muerte por parte de un agente de policía en Twitter. “Este policía fue condenado a una multa de 200 euros. Por el contrario, el rapero Valtònyc, que en una de sus canciones había amenazado a un empresario de Mallorca, fue condenado a 2 años de prisión en base a la misma ley. Aquí se puede ver claramente: si un policía amenaza a una persona de izquierdas, el juez dice “Bueno, eso no es tan malo”, pero si una persona de izquierdas amenaza a un empresario de derechas, será castigado con pena de prisión”.

Un fascista como víctima

Otro ejemplo es el caso de Luis Carrero Blanco, al que Franco designó como su sucesor, y que fue asesinado en un atentado de ETA en 1973. Una estudiante, Cassandra Vera, bromeó en Twitter sobre la muerte de Carrero: fue sentenciada a un año de cárcel. “El juez dictaminó, sobre la base del artículo 579 del Código Penal (Apología del terrorismo) que Carrero Blanco era una víctima del terrorismo. Es como si en Alemania alguien hubiera matado a Herman Göring en un atentado y más tarde se le reconociera como víctima del terrorismo”, dice el abogado. Probablemente, porque la condena del “caso Cassandra no hubiese tenido recorrido alguno en el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal Supremo español anuló la sentencia en marzo de este año.

Según Alonso-Cuevillas, estos casos muestran que el poder judicial español es impredecible, lo que debilita la confianza en la jurisprudencia:

“El poder judicial debe ser previsible hasta cierto punto. Pero en España, las sentencias en casos absolutamente idénticos pueden ser muy diferentes”.

Él también ve un problema en el propio derecho penal. La definición imprecisa de algunos tipos de crímenes en el derecho penal hace posible convertir delitos menores en crímenes mayores, tales como los que se engloban en el concepto de los “disturbios” (rebelión, sedición…).

Paralelamente a la lucha contra ETA

Alonso-Cuevillas advierte de una situación en que los ciudadanos están completamente expuestos a la arbitrariedad del Estado. Si se condenase a los políticos catalanes acusados de celebrar un referéndum para la independencia, se sentaría un precedente, y, en el futuro, cualquier acto en que se intentase evitar el desalojo de una familia de su domicilio, por ejemplo, y en el que la policía no pudiera llevar a cabo su trabajo, podría calificarse como rebelión. También considera inquietante el hecho que Carlos Lesmes, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo de la judicatura española, calificó el respeto a la unidad territorial del Estado como una de las tareas más importantes del poder judicial español. “Fue un intento de justificar la violación de derechos fundamentales que estamos sufriendo. La falta de garantías, el abuso de la prisión preventiva, la aplicación desproporcionada del derecho penal. Se intenta seguir un patrón similar al que se empleó tiempos atrás contra ETA en el País Vasco. En aquellos momentos, los jueces consideraron que contra ETA todo estaba justificado, incluyendo la violación de derechos fundamentales.

En el caso de Catalunya, sin embargo, no ha habido muertos”, explica Alonso-Cuevillas.
Joaquín Urías lo resume de esta manera:

“Los tribunales españoles siempre defienden el poder contra la acción del ciudadano y no al ciudadano contra la acción del poder. Ningún juez en activo lo admitirá públicamente. Los jueces deben proteger los derechos y las personas, no el poder del Estado. En España, desafortunadamente, lo hacemos al revés”.


Article traduït per Xavier F. Domènech 


Font: Junge Welt @jungewelt

https://www.jungewelt.de/artikel/335651.zweierlei-recht.html

Autora: Krystyna Schreiber @KommunikaCat
Data de publicació: 10 de juliol de 2018
Font de la imatge 1: AP Photo/Alvaro Barrientos
Font de la imatge 2: EPA/CHEMA MOYA


 

Catalana. Londinenca. Republicana. Llicenciada en Filologia Anglogermànica. Traductora i correctora. Estimo les llengües i els llibres. Estimo la meva terra, Catalunya

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