Raphael ‘Tsavkko’ Garcia: Cómo España ha creado una crisis diplomática sobre Cataluña. CommonSpace
Raphael ‘Tsavkko’ Garcia (@Tsavkko_intl), periodista y doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto, País Vasco, detalla cómo España ha tomado medidas sin precedentes para reprimir el movimiento independentista catalán, aunque eso implique desencadenar una crisis diplomática.
Article traduït per AnnA @annuskaodena
España y Cataluña viven en un clima de conflicto abierto desde la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010 y con mayor intensidad desde la consulta no oficial sobre la independencia en 2014 y, por último, con el referéndum del 1 de octubre de 2017, durante el cual España desplazó a miles de policías a Cataluña para que promovieran actos de violencia y de brutalidad contra los votantes al tiempo que enviaba a la cárcel a varios dirigentes políticos, ampliamente considerados presos políticos.
El pulso entre España y Cataluña también afecta al ámbito diplomático. Tras el referéndum de 2017, considerado ilegal por España, las delegaciones catalanas en el extranjero fueron clausuradas por el Gobierno central como parte de las medidas adoptadas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que básicamente suspendió las competencias de la Generalitat de Cataluña y las transfirió al Gobierno de Madrid. Estas embajadas tienen como objetivo reforzar las relaciones bilaterales y facilitar los acuerdos económicos entre empresas catalanas y empresas de otros países. Algunas de estas delegaciones se reabrieron en 2018.
En un gesto sin precedentes en la historia de España, el cónsul honorario de Letonia, Xavier Vinyals, fue retirado de su cargo diplomático por el Ministerio de Asuntos Exteriores español por haber colocado una bandera independentista en el balcón del consulado durante la Diada, la fiesta nacional catalana, el 11 de septiembre de 2016. Vinyals, catalán, fue castigado por manifestarse políticamente apoyando una causa, la independencia de Cataluña, que no es ilegal en España.
En octubre de 2017, el legendario futbolista búlgaro, Hristo Stoichkov, también fue destituido de su cargo de cónsul honorario después de criticar al entonces partido gobernante, el Partido Popular (PP), por la violencia policial durante el referéndum sobre la independencia, y de acusar a la policía española de ser “franquista”. El cónsul honorario filipino Jordi Puig Roches también fue destituido de su cargo tras asistir a las protestas del 3 de octubre en Barcelona en 2017 contra la violencia policial durante el mismo referéndum.
En febrero de 2018, fue el turno del cónsul honorario de Finlandia, Albert Ginjaume, de ser despedido de su cargo tras la presión del Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre la diplomacia finlandesa. El crimen de Ginjaume fue invitar a la alcaldesa de la ciudad de Sant Cugat, Mercè Conesa, a un almuerzo con varios cónsules en Barcelona. El almuerzo formaba parte de una reunión mensual del cuerpo diplomático en Barcelona con la presencia de figuras políticas locales, sin embargo, Conesa es una conocida líder independentista, lo que terminó costándole el puesto del ahora ex cónsul de Finlandia.
En octubre de 2018, Fernando Turró, cónsul honorario de Grecia en Barcelona, fue destituido de su cargo tras la presión española porque supuestamente “ofendió a la bandera española” por haber participado, el 11 de septiembre, en los actos de la Diada catalana.
La retirada de las credenciales diplomáticas es una medida extrema reservada a situaciones de gran conflicto y en circunstancias excepcionales y la presión española para la destitución de al menos cuatro cónsules honorarios no tiene precedentes, sin embargo, no fueron los actos más radicales de un país que busca por todos los medios reprimir el movimiento independentista catalán, que a pesar de todo, ha contado con el apoyo de una amplia mayoría de la comunidad internacional entre los líderes políticos, como es el caso del diputado finlandés Mikko Kärnä, y varios eurodiputados y diputados al parlamento flamenco.
El reciente cambio de gobierno, con la salida del PP y la entrada del PSOE de centro-izquierda, no parece haber cambiado en absoluto el comportamiento de España con respecto a Cataluña.
En septiembre de 2018, un portavoz del parlamento flamenco, una de las regiones que conforman Bélgica, Jan Peumans, envió una carta a la dirigente y presa política catalana Carme Forcadell donde afirmaba que ” el encarcelamiento de políticos durante meses es un acto malvado, una prueba de que el gobierno central de España es incapaz de cumplir con las condiciones para formar parte de una Unión Europea democrática”.
La carta de Peumans fue hecha pública por su compañero de partido Mark Demesmaeker, quien escribió en Twitter: “El Presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, acaba de hacer lo que todo demócrata de la UE debería hacer: decirle a Madrid una verdad incómoda, y condenar sus prácticas antidemocráticas y su deriva autoritaria”.
Las autoridades españolas, en respuesta, retiraron el estatus diplomático del delegado flamenco en España, Mark Hebbelinck, abriendo una crisis diplomática con Bélgica. Hebbelnick podrá seguir trabajando como delegado de Flandes en España, pero sin rango diplomático y en caso de ser sustituido por otro delegado, éste tampoco tendrá rango diplomático. El Ministro Presidente de Flandes, Geert Bourgeois, criticó la decisión española, que según él fue “muy hostil”, mientras que los diplomáticos belgas se limitaron a afirmar que se trataba de un asunto que afectaba al Parlamento de Flandes.
Por lo visto, España ha intentado reprimir el nacionalismo catalán en todos los frentes posibles. En estos momentos, 12 líderes independentistas catalanes están siendo juzgados en Madrid por el Tribunal Supremo español con unos fiscales que reclaman penas de hasta 25 años de cárcel por delitos como la desobediencia, la rebelión y la malversación de fondos públicos. Todos ellos niegan los cargos y sus abogados afirman que el juicio es político.
El anterior Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros dirigentes como Clara Ponsatí y Anna Gabriel se encuentran en el exilio y no pueden regresar a España, donde serían detenidos y juzgados por el delito de rebelión por ejercer lo que el estatuto de sus partidos establece claramente y por respetar la voluntad popular de los catalanes.
El autoritarismo no es ninguna novedad en España, un país que parece no haber sido capaz de superar los métodos del franquismo y de respetar plenamente la democracia. El hecho es que España ha mostrado su indulgencia con varios países y ha actuado con intimidación, sin preocuparse por su imagen internacional y, recientemente, sin mostrar ningún respeto por el derecho internacional.
En palabras del ex ministro de Asuntos Exteriores esloveno Ivo Vajgl: “La UE y sus instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado”.
Artículo traducido por AnnA @annuskaodena
Article translated by AnnA @annuskaodena
Fuente: CommonSpace @TheCommonSpace
Autor: Raphael ‘Tsavkko’ Garcia @Tsavkko_intl
Fecha de publicación: 25 de marzo de 2019