Chris Bambery – España: El País Vasco en alza. Brave New Europe
Toda la atención se ha centrado en Cataluña y en la resurrección del fascismo en España. Chris Bambery analiza otro aspecto del panorama político español que está cambiando rápidamente.
Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena)
La discusión sobre España se centra naturalmente en sus problemas con Cataluña o en las recientes elecciones en Andalucía, en las que la derecha, incluido el partido fascista Vox, tomó el control en un antiguo bastión de los socialdemócratas – éste fue el primer avance electoral de Vox. Pero hay otra grieta que está emergiendo en el Estado español. La relación de España con el País Vasco.
Los partidos de la derecha española están compitiendo para decidir quien toma la línea más dura sobre la independencia catalana. En la reciente convención del Partido Popular de centro-derecha, Pablo Casado, su nuevo líder, atacó al movimiento independentista catalán, comprometiéndose a “poner orden” en Cataluña.
“Liberaremos a toda una sociedad que ha sido secuestrada por una banda de racistas fanáticos y supremacistas”, dijo el 20 de enero.
Casado también predijo que “pronto” será el Presidente del Gobierno de España, presumiblemente a la cabeza de una coalición que incluirá a Ciudadanos y, posiblemente, a Vox.
Estas declaraciones recibieron el respaldo de José María Aznar, ex presidente del Gobierno español entre 1996 y 2004, que sigue siendo influyente en el partido. Aznar dijo que el partido no aceptaría que “los que conspiran contra los intereses de los españoles” tengan influencia alguna sobre el destino del Estado.
Días antes, la Asamblea de Extremadura, en el suroeste de España, aprobó un proyecto de ley que respaldaba cualquier medida del Gobierno español para aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana (como ya hicieron en octubre de 2017), durante el tiempo que fuera necesario, incluyendo la toma de control de la radiodifusión pública catalana. La moción era del PP pero fue apoyada por Ciudadanos y también por los socialistas. Sólo los seis miembros de Podemos votaron en contra. El apoyo de los socialistas a esta medida se considera en su mayoría como un intento de demostrar que son igual de duros con Cataluña.
Pero mientras el incendio se concentra en los partidarios catalanes de la independencia, estos ataques a la actual autonomía de las naciones y regiones dentro del Estado español ponen al gobierno del País Vasco en una situación delicada.
El Partido Nacional Vasco (PNV) ocupa el poder en el País Vasco, y ha dominado electoralmente desde que se concedió la autonomía en 1980. Hasta el pasado verano apoyó al gobierno del PP de Mariano Rajoy, hasta que éste tuvo que dimitir por corrupción. Esta no fue una coalición formal, pero el PNV le concedió sus votos a Rajoy sobre temas cruciales como el presupuesto. Esto refleja el hecho de que tradicionalmente es un partido católico y conservador. En 1936 sólo apoyó a la República Española contra la rebelión del general Franco después de muchas vacilaciones porque se le concedió autonomía.
El otro factor es que el Parlamento Vasco tiene un control fiscal mucho mayor que su homólogo catalán y está mucho más estructurado en la economía española centrada en Madrid. Históricamente, la industria y los bancos vascos eran mucho más poderosos que sus homólogos de la familia catalana porque se desarrollaron más tarde.
Pero los acontecimientos en Cataluña están empezando a tener un impacto en el País Vasco. El pasado otoño el presidente vasco, Urkullu Lehendakari, intentó mediar en un compromiso entre Madrid y Barcelona. Se centró en impedir que el gobierno catalán declarara la independencia y que Rajoy desguazara la autonomía y tomara el control de Cataluña, en el caso que no fuera posible llegar a un acuerdo.
Pero la abolición de la autonomía catalana y la intensificación de la represión por parte del Estado español crearon malestar en el País Vasco y en el PNV porque el creciente fervor del nacionalismo español resucitó amargos recuerdos sobre el hecho de que los centralistas españoles nunca han simpatizado con las aspiraciones de los vascos, y temen que lo que Madrid había hecho en Cataluña se pudiera hacer en el País Vasco. Un número considerable de vascos aspira a una mayor autonomía, más del 25% de los que actualmente apoyan la independencia total. Ciudadanos comenzaron a atacar a los vascos, al igual que Vox, lo que creó crecientes temores.
Los acontecimientos catalanes también han provocado un nuevo impulso a los nacionalistas de izquierda radical de EH Bildu, el segundo partido más votado en el País Vasco, con un 20-25 por ciento de los votos en las elecciones vascas. Se movilizaron en apoyo a los catalanes organizando marchas y protestas.
Bildu nació hace siete años, pero se ajusta claramente a la tradición de Herri Batasuna, considerada como el ala política del grupo de lucha armada, ETA. Herri Batasuna y una serie de creaciones sucesivas fueron prohibidas y sus miembros encarcelados por considerar que apoyaban el terrorismo. Uno de ellos fue Arnaldo Otegi, que cumplió seis años de cárcel. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia contra España por la violación por parte de la Audiencia Nacional española del derecho de Otegi a un juicio imparcial.
Otegi ha sido una figura clave en el proceso de paz vasco, el equivalente a Gerry Adams en Irlanda. La comparación es acertada porque el Sinn Féin desempeñó un papel clave en el asesoramiento a ETA y a los radicales vascos. Actores clave en el proceso de paz de Irlanda del Norte y Sudáfrica se involucraron, figuras del establishment como Jonathan Powell, el asesor político clave de Tony Blair. ¡Nunca se les ha agradecido nada desde Madrid!
Brian Currin, es un abogado sudafricano que desempeñó un papel decisivo en el establecimiento de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación tras el fin del apartheid. Desde 2004 ha estado involucrado en la resolución del conflicto en Euskadi y en 2010 colaboró en la creación del Grupo de Contacto Internacional para el País Vasco. El Grupo tenía como mandato “agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política en el País Vasco”.
El International Crisis Group (ICG) no fue reconocido por los gobiernos español o francés, el organismo que representa a las víctimas de ETA pidió al grupo que no se involucrara, y el Partido Popular y los socialistas argumentaron que no tenía conocimiento de las realidades del conflicto vasco.
El pasado mes de octubre, inmediatamente después de la disolución y destrucción del arsenal de ETA, el grupo ICG puso fin a su trabajo y existencia. Brian Currin fue entrevistado sobre el proceso de paz y fue franco en su conclusión:
“Mi propia teoría, y ya escribí al respecto, era que, en realidad, Madrid no quería un proceso de paz, no quería que ETA desapareciera, porque si ETA continúa existiendo, ustedes deben atenerse a su propia legislación en materia de seguridad. Si Europa o la Comunidad Internacional dicen que no pueden tener esas leyes que violan los derechos humanos entonces ustedes responden ‘bueno, tenemos una organización terrorista, no tenemos opción’, y después te dejan en paz. Y eso es lo que pasó, se les dejó en paz. Además, cuando hay una organización terrorista, puedes decir ‘bueno, esto no es una cuestión política, es una cuestión de terrorismo’ y así nunca más tendrás que involucrarte en la cuestión política. Pero una vez que ETA se haya ido, ¿qué queda? ¡La cuestión política! Así que ahora tienes que dialogar. Ahora es pura política. Hablemos del derecho a decidir, y los partidos están hablando de ello.”
El gobierno de Rajoy se negó a reconocer la disolución y el desarme de ETA. También rechazó cualquier concesión, en particular sobre los presos políticos vascos.
Hay unos 300 presos políticos vascos, retenidos en España, Francia y Portugal, mientras que 100 personas se dieron a la fuga.
La política de los gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda en Madrid era “dispersar” a los presos de ETA, por lo que se les mantuvo en cárceles alejadas de sus familias en el País Vasco.
A pesar de ello, el gobierno español, ya fuera con Mariano Rajoy y el Partido Popular o, ahora, con Pedro Sánchez y los socialistas, se ha negado a permitir que los presos, por su implicación o asociación con ETA, sean trasladados a cárceles más cercanas al País Vasco. Se espera que estos presos cumplan su condena sin ningún tipo de indulto, lo que significa que algunos podrían permanecer entre rejas hasta el año 2050.
En contraste con la negativa de Madrid a conceder concesiones significativas, el gobierno francés ha trasladado a los presos políticos vascos a cárceles más cercanas.
Ha habido grandes protestas para exigir el traslado de los presos y la liberación de los que tienen graves problemas de salud.
Según la legislación española, la gran mayoría de los presos políticos vascos se encuentran recluidos en condiciones de “primer grado”, por lo que no pueden salir por razones humanitarias o de salud y sólo les conceden de tres a cuatro horas diarias fuera de su celda. Esto es aplicable a los reclusos más peligrosos y violentos. Dada la disolución de ETA y la destrucción de su armamento, no hay motivos para que estos presos reanuden la lucha armada. Veintisiete presos se encuentran además en aislamiento.
El Gobierno Vasco del Partido Nacional Vasco (PNV) siempre se ha opuesto a la violencia de ETA, pero ha tenido que sortear el historial del gobierno español en materia de derechos humanos, tal como respondió el gobierno español. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar las denuncias de tortura de los vascos en ocho ocasiones distintas. En febrero de 2018 dictó sentencia contra el Gobierno español por los malos tratos infligidos a dos detenidos vascos. Una investigación oficial encargada por el Gobierno Vasco concluyó, en diciembre de 2017, que se han producido al menos 4.113 casos confirmados de tortura desde 1960. En enero de 2018, el Gobierno español bloqueó la decisión del Parlamento de Navarra de encargar un informe similar.
El año pasado, Amnistía Internacional señaló:
“El delito de ‘apología del terrorismo’ sigue siendo utilizado para perseguir a las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y deportaciones colectivas por parte de agentes de policía”.
Otro caso suscitó también la ira generalizada en el País Vasco. En octubre de 2016, un grupo de jóvenes vascos de Altsasu, en la provincia de Navarra (que formalmente no forma parte del País Vasco), se vieron envueltos en una pelea en un bar con guardias civiles fuera de servicio y sus novias. Un agente fue derribado al suelo.
Esta fue una pelea de bar como otras miles, pero el caso fue llevado a la Audiencia Nacional española. Porque el Fiscal afirmó que se trataba de un “atentado terrorista” y exigió sentencias de 12 a 62 años. En el caso, la Audiencia Nacional dictó sentencias que van de los 2 a los 13 años. El Fiscal del Estado recurrió la sentencia insistiendo en la existencia de “terrorismo”. Así están las cosas.
Esto provocó la ira generalizada entre los nacionalistas vascos moderados. Mientras tanto, los radicales vascos comenzaron a movilizarse. El pasado mes de junio, 125.000 partidarios de la independencia formaron una cadena humana de 200 kilómetros uniendo San Sebastián y Bilbao con Vitoria, en un llamamiento a la celebración de un referéndum sobre la independencia vasca.
Otegi visitó Barcelona para reunirse con políticos catalanes destacados. Esta fue una gran novedad. En los últimos años de la dictadura franquista, Cataluña y el País Vasco fueron los pilares de la resistencia antifascista, pero tras la transición a la democracia y la continuación de la violencia de ETA, los nacionalistas catalanes, comprometidos con la no violencia, se mantuvieron al margen de las cuestiones vascas.
Con ETA fuera de escena está claro que las cosas han cambiado. Si España se encamina hacia un gobierno de coalición de la derecha, eso provocará una reacción en Cataluña y en el País Vasco. Juntos, los votos vascos y catalanes cuentan poco en el Congreso de los Diputados de Madrid, pero si Cataluña y el País Vasco quieren salir de España, eso sería de crucial importancia, creando una crisis aún mayor para el Estado español que la que ya existe entorno a Cataluña.
Aquí también hay algo más en juego. Hasta ahora, el ambiente general en España ha sido duro contra la independencia catalana. No hay una fuerza seria que la apoye (Podemos sólo llegará hasta el punto de decir que apoyaría un referéndum legal). Pero los gobiernos españoles han amenazado con eliminar las asambleas regionales de La Mancha y Navarra porque no les gusta lo que están haciendo. Si los vascos y catalanes están ocupándose de defender la democracia contra la centralización (uno de los pilares de la derecha española) y contra el legado de Franco, eso sí que puede empezar a tener un impacto en España.
Queda por ver cómo reaccionará el PNV ante todo esto. Pero la marea ascendente del nacionalismo español podría empujarles a posturas que nunca hubieran tomado por precaución natural, abandonadas a su propia suerte. Después de todo, el verano pasado votaron a favor de derribar a Rajoy, a pesar del apoyo previo del PNV a su gobierno.
Volviendo a la derecha española, cuando Pablo Casado se presentaba a la presidencia del PP, tras la caída de Rajoy, visitó la sede de la Guardia Civil en Altsasu durante el periodo previo a la presidencia del partido, para mostrar su apoyo a la Guardia Civil, declarando que “no puede haber imparcialidad entre los matones que golpean a personas inocentes mientras están en el bar y los funcionarios públicos que arriesgan sus vidas luchando por nuestros derechos y libertades”. Rechazó cualquier concesión a los presos políticos vascos y dijo que la bandera vasca “no pertenece a Navarra, y el euskera no es la lengua de Navarra”.
Tales afirmaciones ensombrecen a los nacionalistas vascos, por moderados que sean.
Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena).
Article translated by AnnA (@annuskaodena).
Fuente: Brave New Europe @BRAVENEWEUROPE1 https://braveneweurope.com
Autor: Chris Bambery @chrisbambery
Chris Bambery es autor y locutor. Coautor (junto con George Kerevan) de Catalonia Reborn: How Catalonia took on the Corrupt Spanish state and the legacy of Franco (Cataluña renacida: como Cataluña desafió el corrupto Estado español y el legado de Franco) (Luath Press, Junio 2018)
Punto de contacto del Grupo parlamentario pluripartidista sobre Cataluña (All-Party Parliamentary Group on Catalonia, APPG on Catalonia @APPGCatalonia)
Fecha de publicación: 27 de enero de 2019