Cataluña: un año después, los presos políticos pasan desapercibidos para el resto del mundo. The Conversation
Artículo traducido por Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Después del referéndum no oficial en Octubre de 2017, los partidos independentistas del Parlament de Catalunya decidieron declarar unilateralmente su independencia de España. En respuesta, el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución española, que suspendía de facto la autonomía de Catalunya.
Más de un año después de estos acontecimientos, el destituido Presidente catalán, Carles Puigdemont, sigue exiliado en Bélgica. Otros seis líderes independentistas se han visto obligados a seguir el camino del exilio, entre ellos Clara Ponsatí, ex consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya, que ha vuelto a trabajar como profesora de Economía en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Si regresara a España sería detenida bajo la acusación de rebelión y malversación de fondos públicos. Clara Ponsatí ha criticado a los líderes europeos por su silencio sobre el conflicto catalán y ha afirmado que los presos políticos catalanes están siendo utilizados como rehenes para desactivar el movimiento independentista.
Los líderes de los movimientos civiles independentistas y siete políticos siguen encarcelados. Han sido acusados por la Fiscalía General de España de rebelión y malversación de fondos públicos ignorando la decisión de la Abogacía del Estado que recientemente rebajó la acusación a sedición, porque la acusación original de rebelión requiere el uso de la violencia. Las pruebas que se dispone demuestran que ninguna de las personas encarceladas utilizó la violencia. Sin embargo, si la Fiscalía continúa con su posición de línea dura, los presos podrían afrontar una pena de hasta 25 años de cárcel. Por otra parte, muchos se sorprenderán al saber que el ordenamiento jurídico español permite que las personas puedan permanecer en la situación de presión preventiva durante tanto tiempo.
El grupo acusado de rebelión incluye a dos activistas de la sociedad civil, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ambos se enfrentan a penas de hasta 17 años de cárcel. Están encarcelados desde octubre de 2017 como consecuencia de las manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de ese año. El objetivo era protestar y obstaculizar las redadas policiales que tenían por objeto confiscar material relacionado con el referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre en las sedes del Gobierno catalán.
Sin embargo el director de Amnesty International en Europa, Gauri Van Gulik ha señalado que “aunque convocar protestas para obstruir las operaciones policiales puede – si se presentan pruebas de su comisión – constituir un delito de alteración del orden público, de ninguna manera se les puede acusar de delitos tan graves como la sedición o la rebelión. Amnesty ha exigido la liberación inmediata de los dos “Jordis”, como se les conoce en toda Catalunya.
Amnesty evita utilizar el término “preso político” ya que, según ellos, no existe una definición aceptada en derecho internacional. Sin embargo, más de 1.000 juristas han firmado un manifiesto argumentando que los políticos catalanes encarcelados, son efectivamente eso, presos políticos. Afirman que no se ha dado tiempo a los acusados para preparar debidamente su defensa, lo que convierte al proceso judicial en una farsa. Del mismo modo, el 53,4 de los catalanes considera que los encarcelados son presos políticos, y un 60% que los procesos judiciales emprendidos contra ellos no tienen justificación. Cabe destacar que este porcentaje es incluso superior al porcentaje estimado de los catalanes que apoyan la independencia.
Otros catalanes, relaciones con los Comités de Defensa de la República – grupos que propugnan que se mantenga el resultado del referéndum del 1 de Octubre – han sido acusados de delitos de alteración del orden público tras una manifestación en Barcelona el 23 de febrero de 2018. Se enfrentan a penas de dos años y medio de cárcel.
La resistencia de los catalanes a las autoridades españolas se basa en una larga tradición. Los actuales presos políticos son los últimos de una larga lista de catalanes que han luchado contra las injusticias cometidas por el Estado español. Entre ellos destaca Lluís Companys, President de la Generalitat, encarcelado por declarar la República Catalana el 6 de octubre de 1934 y fusilado el 15 de octubre de 1940. El pueblo catalán no pierde su paralelismo histórico. Tampoco parece que lo haya perdido el Estado español: el Presidente del derechista Partido Popular, Pablo Casado, amenazó a Carles Puigdemont, antes de la declaración unilateral de independencia, con seguir la misma suerte que su antecesor Lluís Companys.
El Tribunal Supremo español ha ordenado que 18 ex líderes independentistas catalanes sean juzgados por su papel en la declaración unilateral de independencia de 2017. Los cargos contra ellos incluyen, rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Probablemente el juicio tenga lugar a principios de 2019.
La cuestión de la independencia catalana no se resolverá con acciones judiciales, sino con actuaciones políticas.
Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno español (Partido socialista), está adoptando una línea menos dura que su predecesor, el derechista Mariano Rajoy (Partido Popular). Sin embargo las negociaciones políticas para resolver el conflicto requerirán de un gobierno más fuerte que el minoritario gobierno socialista. También exigirá que los partidos independentistas presenten un frente más unido que el actual. Aun así, será muy difícil iniciar conversaciones mientras haya presos políticos. El abogado de Clara Ponsatí en Escocia, Aamer Anwar, fue muy claro al respecto: “NEGOCIAR CON ESPAÑA, EN ESTOS MOMENTOS, ES COMO NEGOCIAR CON UN GANGSTER QUE TIENE REHENES”. Queda un largo camino por delante.
Artículo traducido por Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Article translated Xavier F. Domènech @xavidomenech99
Original: The Conversation @ConversationUK
Autora: Georgina Blakeley, Profesora titular de Política, The Open University @OpenUniversity
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2018
Fuente de la imagen: EPA/Enric Fontcuberta