Articolo 21 - La cruzada de la derecha_1
CAT EXTERIOR,  PREMSA INTERNACIONAL

Cataluña, la cruzada de la derecha contra el movimiento independentista. Articolo 21

Articolo 21

Article traduït per AnnA (@annuskaodena)

Articolo 21 - La cruzada de la derecha_1

Barcelona – “Los golpistas ultranacionalistas parten con destino a Madrid. Sólo unas pocas docenas de personas entristecidas acudieron a saludarlos. Maravilloso.” Eran alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero cuando el tweet que acompañaba las imágenes (tomadas por un agente dentro del furgón blindado de la Guardia Civil) del traslado a Madrid, con motivo del juicio de los nueve políticos catalanes detenidos por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos después del referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña, fue difundido en la red. El tweet es emblemático. Muestra un sentimiento de intolerancia bastante generalizado en España hacia el movimiento independentista catalán. Un sentimiento abrumadoramente dominado por la derecha. La del Partido Popular y la de Ciudadanos. Y la de la extrema derecha de Vox. Y la de la extrema derecha de Vox. El partido fundado por Santiago Abascal, tras haber ganado 12 diputados en el Parlamento andaluz, también ha tomado partido en el juicio que comenzará el 12 de febrero ante el Tribunal Supremo. Lo hizo asumiendo el papel de la acusación popular. Eligió utilizar un instrumento previsto por el sistema judicial español, como garantía contra la connivencia, para hacer de la sala del tribunal el escenario de su campaña electoral contra toda autonomía. Vox, además del independentismo catalán, tiene otros dos enemigos declarados: las mujeres y los inmigrantes. Quieren una España ultra centralista pero también antifeminista (han pedido la abolición de la ley sobre la violencia de género), firmemente ligada a las tradiciones y cerrada al fenómeno de la migración.

Un anuncio de campaña electoral en el que Abascal cabalga audazmente hacia la “reconquista de España” expresa perfectamente la idea de una parte del país que no quiere perder el orgullo de la antigua potencia colonial y que conserva la nostalgia por el pasado franquista: la última encuesta sobre la orientación del voto realizada a finales de enero por el Centro de Investigaciones Sociológicas confirmó, además, que Vox está en alza, con un 6,5% del consenso a nivel nacional, y que la cuestión catalana es decisiva, dado que hoy el 36,4% de los españoles votaría por los que adoptaron posiciones radicales contra la independencia, como Vox y el Partido Popular. “La verdad es que el franquismo nunca murió”, dice José María Noales Tintorè, juez instructor de Badalona, la tercera ciudad más grande de Cataluña por número de habitantes. “Todos nos despertamos un día”, continúa, “descubriendo que aún sobrevive.” Lo hace en el aparato burocrático de la administración pública. Pero también, según los catalanes, en un sistema judicial que no es realmente independiente del político: el Fiscal General del Tribunal Supremo lo designa el Gobierno, el órgano de autogobierno del poder judicial lo indica el Parlamento.

La durísima reacción de Madrid a la declaración de independencia que se produjo tras el referéndum (una declaración totalmente política y sin valor legal), es prueba de ello para la Cataluña independentista, caracterizada por un fuerte espíritu republicano y europeísta. Lo mismo ocurre con la represión, que continúa con las inculpaciones y detenciones, a menudo arbitrarias, como la de dos alcaldes, los de Celrà y Verges, víctimas recientes. “La policía nacional me detuvo la mañana del 25 de enero, sin orden judicial”, recuerda Dani Cornellà, alcalde de Celrà, de 5.400 habitantes, y me llevaron al cuartel de Girona, donde el alcalde de Verges, Ignaci Sabater, ya estaba bajo custodia. Me acusaron de interrumpir el servicio público, porque el 1 de octubre de 2018, para conmemorar el referéndum, había participado en una protesta en las vías del ferrocarril. De hecho, la investigación ya había sido archivada, era sólo una excusa para intimidarnos. Sólo nos liberaron a primera hora de la tarde, cuando decidieron que ya nos habían asustado bastante. Ahora todos nos sentimos amenazados. Las autoridades españolas también buscan presionarnos porque en mayo en Cataluña se celebraran elecciones municipales: tenemos que formar las listas electorales y muchos candidatos podrían echarse atrás por miedo”. Dani Cornellà es de la CUP, el partido independentista de izquierdas que ha dado apoyo externo al gobierno de Cataluña, formado por Junts per Catalunya (partido de centro-derecha moderada de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica) y Esquerra Republicana, de centro-izquierda y pro independencia. La región, con 7,5 millones de habitantes, no parece dispuesta a doblegarse: el 80% de la población, como muestran las encuestas, quiere un nuevo referéndum y no cree en las tímidas tentativas de los socialistas de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, quien también ha reconocido la existencia de un problema político.

El movimiento independentista es transversal. Se ha organizado en CDRs, comités ciudadanos para la defensa de la República, una continuación natural de los comités para el referéndum. “Dentro hay familias, ancianos y jóvenes que luchan por la independencia protestando pacíficamente, pero para España somos comandos”, dice Pat Vila Armanguè. El caso de Tamara Carrasco, una colaboradora, demuestra que los CDRs son una molestia para el gobierno central. El 10 de abril de 2018 Tamara fue detenida por 75 agentes de la Guardia Civil que aplicaron el protocolo antiterrorista por orden de la Audiencia Nacional. Tres días en una celda de Madrid, con la luz siempre encendida para impedirle dormir, acusada de haber tratado de planear un ataque contra el cuartel de la Guardia Civil de Barcelona. “Formo parte del CDR que, sin jerarquía alguna, organizó la protesta en la red”, explica Tamara. “Me arrestaron por una conversación telefónica en la que hablaba de promocionar una manifestación pública y como pruebas se apoderaron de un silbato amarillo, una máscara de Jordi Cuixart (presidente de la Asociación Ómnium, que se encuentra entre los nueve artífices de la independencia catalana que está siendo juzgada en Madrid, ed.), un póster sobre el referéndum, un mapa de Google Maps y una insignia de la CUP”. El sistema de acusación que la convertía en terrorista se desmoronó en pocos días, pero sigue obligada a permanecer en su ciudad, Viladecans. “Estoy a la espera de que el Tribunal envíe el expediente a mi abogado, para pedir la revocación de la medida -continúa Tamara-, ahora sufro de estrés postraumático. Todo el asunto es político, fui arrestada y perseguida para asustarnos a todos.

El juez de Madrid también me dijo que mi libertad dependía de lo que hicieran los CDRs. Pero cuando esta historia termine, demandaré al Estado, para recuperar mi dignidad. Mucha gente en Cataluña ahora tiene que defenderse. Jordì Pesarrodona, concejal de Esquerra Republicana en Sant Joan de Villatorrada, debe hacerlo porque se mofó de la Guardia Civil posando con una nariz de payaso al lado de un oficial y por haber defendido las operaciones del referéndum de las violentas cargas de la policía. “La desobediencia grave es el delito del que me acusa la justicia de Manresa -dice Pesarrodona-, mi gesto se ha vuelto viral y he sido víctima en Twitter de insultos y amenazas de muerte. Pero no me habría convertido en un ejemplo si no hubiera llegado a la Guardia Civil, con su obsesión por el honor. Los alcaldes que permitieron el referéndum, deben defenderse, por desobediencia, en contra de la Constitución española, que establece que sólo el presidente del Gobierno puede convocarlo. Y el joven Joan Mangues, estudiante de ciencias políticas, militante de Esquerra Republicana, también tiene que enfrentarse a la justicia por un tweet sobre la muerte de un vendedor ambulante senegalés en circunstancias misteriosas. Mangues muestra el vídeo de un acto de neofascistas en Barcelona el 27 de enero conmemorando el día en que las tropas de Francisco Franco hicieron capitular a Cataluña. Se manifestaron con el símbolo de las SS”, explica.

Pero el hecho es que se está aplicando un doble rasero. Las manifestaciones de extrema derecha están permitidas, y nuestras reivindicaciones son a menudo rechazadas. Todo es parte de la Ley Mordaza, la ley de silenciamiento promulgada por el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que restringe severamente la libertad de manifestación. La ley ha sido cuestionada por los socialistas, pero sólo lo han convertido en un instrumento de propaganda electoral: la ley sigue ahí y seguimos en el punto de partida”. En el conflicto entre el movimiento independentista y Madrid, la izquierda de Podemos ha tenido hasta ahora una actitud ambigua. Una prudencia cuestionada por el ex secretario del partido en Cataluña, Albano Dante Fachin, que en los últimos días, mediante una carta abierta, invitó a todos los militantes a detener el avance de la derecha. “Si Podemos no toma una postura fuerte y clara, será el final de la izquierda”, escribió Fachin, para quien las pruebas contra los políticos detenidos, “tienen la misma credibilidad que el programa de Ana Rosa Quintana”, una periodista muy cuestionada por los catalanes. Además, según el juez Noales Tintorè, la acusación de la Fiscalía contra los nueve políticos catalanes se desmoronaría ante el Tribunal de Estrasburgo. “Todos los juristas -dice Noales Tintorè- son conscientes de que en Estrasburgo se daría una clara violación de los derechos fundamentales individuales”. La naturaleza del conflicto tiene, por supuesto, raíces económicas.

Cataluña, una región próspera, representa el 20% del PIB español y el 25% de las exportaciones totales del país. “Una secesión provocaría un aumento de la deuda pública española hasta el 130% del PIB”, explica el economista catalán Josep Reyner Serrà. “Sería un desastre para España, también porque podría tener un efecto dominó en otras regiones, como el País Vasco. Pero hay otras dos razones profundas. La primera es de carácter identitario: España tiene un concepto de propiedad y Cataluña es tratada como la última colonia. El 8,5% del PIB se destina al gobierno español, caracterizado por políticas centristas, y muy poco se devuelve a los catalanes para invertir en educación, servicios sociales y sanidad. La segunda razón es totalmente política. Si Catalunya se va, se rompe un sistema de poder”.


Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena)
Articolo tradotto da AnnA (@annuskaodena)


Fuente: Articolo 21 @Artventuno

Catalogna, la crociata della destra contro il movimento indipendentista

Autora: Natascia Ronchetti @NatasciaRonchet 
Fecha de publicación: 4 de febrero de 2019


 

Catalana. Londinenca. Republicana. Llicenciada en Filologia Anglogermànica. Traductora i correctora. Estimo les llengües i els llibres. Estimo la meva terra, Catalunya

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