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Acusaciones populares en España: entre la democratización de la justicia y la manipulación. Fair Trials

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Se trata de un artículo basado en material escrito por la Assemblea Nacional Catalana y Toni Fitó, abogado y miembro de la Coordinadora de la Abogacía en Cataluña. Al igual que con todos nuestros artículos de invitados, los puntos de vista representados son del autor y pueden no reflejar los puntos de vista de Fair Trials.

Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena)

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En las causas penales, los presuntos delincuentes suelen ser llevados ante la justicia por un fiscal, una institución independiente que debe garantizar la independencia de la fiscalía y evitar acusaciones abusivas e interesadas de terceros. En algunos países, sin embargo, este espacio público se complementa con otras formas de presentar una acusación contra una persona.

En España, por ejemplo, una persona puede ser acusada por las presuntas víctimas (acusación particular) o por terceros, incluidas las organizaciones, que no se ven directamente afectadas por el presunto delito pero que actúan para proteger un interés público (acusación popular).

Los que están a favor de las acusaciones populares las ven como una forma de democratizar el sistema judicial. Los que están en contra, sin embargo, denuncian el riesgo de que éstas puedan ser explotadas con el único fin de perjudicar a los acusados, e incluso de que se utilice la extorsión a cambio de que poner fin a la acusación popular.

En 2016, los líderes de las asociaciones Manos Limpias y Ausbanc fueron encarcelados bajo sospechas de extorsión a bancos y a otros acusados y de ofrecer, a cambio, la retirada de las acusaciones populares que habían presentado anteriormente.

A pesar de estos riesgos, no está totalmente claro cuándo y cómo se puede utilizar la acusación popular. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español, en particular, deja margen para la interpretación.

En 2007, el Tribunal dictaminó que si la fiscalía pública y la acusación particular son detenidas o abandonadas, la acusación popular no puede llevar a cabo la acusación por sí sola (doctrina Botín). Sin embargo, pocos meses después de esta sentencia, el mismo Tribunal sostuvo que era posible continuar el juicio únicamente sobre la base de la acusación popular, siempre y cuando la presunta infracción afecte a un bien público y no se introduzca ninguna acusación particular (doctrina Atutxa).

Doctrina Botín vs. Doctrina Atutxa: http://derechoyperspectiva.es/doctrina-botin-vs-doctrina-atutxa/

En casos recientes que involucran a los líderes de organizaciones de la sociedad civil catalana, actualmente en prisión preventiva por cargos de rebelión, el partido político de extrema derecha Vox, que aboga por la ilegalización de esas mismas asociaciones, presentó acusaciones populares contra ellos y actualmente pide penas de prisión considerablemente más largas que las impuestas por la fiscalía.

En el caso de Jordi Cuixart, líder de la organización Òmnium Cultural, Vox pide 62 años de prisión, mientras que el fiscal pide 17. Sus abogados afirmaron que el interés de Vox en el caso reside “en utilizar el proceso como escenario para su campaña contra individuos que son sus adversarios políticos e ideológicos”.

Estos casos están reabriendo el debate sobre la imparcialidad de las acusaciones populares. Algunas personas piden que se prohíba a los partidos políticos y a las asociaciones ejercer acusaciones populares, dado el riesgo de que se puedan utilizar con fines políticos.


Artículo traducido por AnnA (@annuskaodena)
Article translated by AnnA (@annuskaodena)


Fuente original: Fair Trials @fairtrials

https://fairtrials.org/news/popular-indictments-spain-between-democratisation-justice-and-manipulation

Autores:
ANC International @assemblea_int
Toni Fitó @ToniFito

Fecha de publicación: 9 de enero 2019


 

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