A lo largo del día de ayer la Policía Nacional española realizó 16 detenciones en relación con el bloqueo de la línea de alta velocidad de Girona del 1 de octubre de 2018, primer aniversario del referéndum catalán.

Entre los detenidos por presuntas infracciones del orden público se encontraban los alcaldes de Verges y Celrà, Ignasi Sabater y Dani Cornellà, ambos de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el fotoperiodista Carles Palacio, el sobrino del presidente catalán, Quim Torra, miembro de la CUP, y miembros de grupos de activistas, los CDRs (Comités de Defensa de la República) y La Forja, y el sindicato de estudiantes, SEPC. La policía no ha podido detener a una mujer que se ha refugiado en la Universidad de Girona y que permanecerá allí indefinidamente. El nivel de apoyo a la operación ofrecido por la policía judicial catalana, los Mossos d’Esquadra, todavía no está claro.

Los arrestos fueron realizados sin orden judicial por policías vestidos de civil con capuchas y pasamontañas. Los detenidos se quejaron de que los agentes que los detuvieron no se identificaron, no mostraron ninguna orden de detención y los metieron en coches sin identificación. Los arrestos no fueron precedidos de citaciones. Debe haber sido aterrador, como ser secuestrado.

El alcalde de Verges, Ignasi Sabater, resultó herido durante su detención y a su abogado, Benet Salellas, se le denegó la entrada a la Comisaría de Policía de Girona por hablar en catalán, lo que sigue siendo habitual en Cataluña. El fotoperiodista, Carles Palacio, había estado cubriendo el bloqueo de la línea ferroviaria a título profesional y llevaba su brazalete de prensa.

Los partidos políticos catalanes -JxCAT, ERC, CUP y En Comú-Podem- abandonaron las comisiones parlamentarias en protesta por las detenciones, en las que el portavoz de Ciudadanos les llamó “vagos” y el PSC se quejó de un “día de parálisis”. Se realizaron protestas en toda Cataluña ante las comisarías de la Policía Nacional y los ayuntamientos.

Hoy, el Gobierno catalán presentará una queja oficial sobre lo que consideran “detenciones ilegales” y la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, se reunirá en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, para aclarar si el Gobierno español tenía o no conocimiento de la operación y si la Policía Nacional española actuaba o no bajo la instrucción de un juez. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró que la Policía Nacional española había actuado con independencia del poder judicial.

Hoy, sin embargo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha contradicho la declaración del TSJC y ha afirmado que la operación fue dirigida y coordinada por un fiscal y un juez. Añadió que la Policía Nacional de España actuaba como policía judicial. Todavía no está claro qué tribunal, en su caso, ordenó los arrestos y qué versión de los hechos es falsa. Pero lo que está muy claro es que la ofensiva de la Policía Nacional en la provincia catalana de Girona se llevó a cabo de forma muy irregular y ha puesto al Gobierno español en una situación muy difícil. A cualquier persona ajena le podría parecer que el gobierno español no está al mando en absoluto.

Cuando el PSOE llegó al poder en junio del año pasado, tras el éxito de su moción de censura contra el Partido Popular de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez prometió que no habría más detenciones en relación con el movimiento independentista y que se derogaría la controvertida Ley de Protección de la Seguridad Pública, o “ley mordaza”, como es más popularmente conocida. Ninguna de las dos promesas se ha cumplido y los activistas independentistas se enfrentan a penas severas si son condenados por delitos relacionados con protestas no autorizadas.

Los centenares de detenciones llevadas a cabo por las agencias del Estado español en los últimos dieciséis meses han sido diseñadas para reprimir las libertades básicas de expresión, reunión y protesta, y para criminalizar el independentismo. Con el juicio al gobierno catalán del 2017 y de los líderes civiles que comenzará dentro de quince días -el juicio europeo del siglo, un juicio político, un juicio más típico de una dictadura militar del siglo XX-, ¿esta operación pretendía fomentar o desalentar la movilización de independentistas y críticos con los abusos legales españoles?

La prensa internacional ha guardado silencio sobre esta última ola de represión y su carácter altamente irregular. ¿Seguirá siendo igual de tonto cuando se inicien los juicios? La represión del independentismo catalán es curiosamente tabú para los corresponsales extranjeros.

Artículo traducido por Albert (@dites_dites)
Article translated by Albert (@dites_dites)

Fuente original:

Autor: Milford Edge (@milfordedge)

Fecha de publicación: 17 de enero de 2019