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Cada vez más difícil para el juez Llarena. Telepolis

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Article traduït per Xavier F. Domènech @xavidomenech99

El parlamento catalán ha presentado una denuncia contra el juez de instrucción por detención ilegal y prevaricación. Angela Merkel habría detenido un baño de sangre durante el referéndum sobre la independencia.

 

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El Tribunal Supremo de Madrid, donde actúa el juez de instrucción Pablo Llarena. / Wikimedia Commons

La soga sigue estrechándose alrededor del cuello de Pablo Llarena, el polémico juez español que persigue a los políticos catalanes. Llarena fue comisionado por el anterior gobierno para formular las absurdas acusaciones de supuesta rebelión (es decir, un levantamiento público violento), pero ha fracasado a causa de Bélgica y Alemania.

Mientras Carles Puigdemont y cuatro diputados permanecen en libertad en Alemania, Bélgica y Escocia, Llarena sigue reteniendo en prisión a nueve políticos catalanes. Esta es una de las razones por las cuales el Presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha presentado una querella contra el juez y otros magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que apoyaron las más que dudosas decisiones de Llarena.

También se afirma que se están vulnerando los derechos fundamentales de los diputados encarcelados y de los exiliados. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que había exigido a España y a Llarena que garantizara los derechos del diputado Jordi Sànchez para asistir a la sesión de investidura como candidato a la presidencia, es de la misma opinión. Llarena lo impidió utilizando argumentos sumamente inconsistentes. Incluso llegó al extremo de encarcelar al candidato Jordi Turull antes de la segunda vuelta de la sesión de investidura para evitar que fuese nombrado Presidente de Catalunya, porque no era del agrado del gobierno de Mariano Rajoy.

Por otra parte, se constata que estas continuadas detenciones constituyen un “ataque a la separación de poderes, al gobierno catalán y a la autonomía parlamentaria” porque el Parlamento tiene la competencia exclusiva e inviolable de organizarse para llevar a cabo sus funciones, y esto incluye la investidura del presidente del gobierno catalán sin interferencias de ningún otro organismo.

“La restricción de los derechos de los parlamentarios no sólo vulnera sus derechos subjetivos y constituye un atentado contra la institución que presido, sino que también es un ataque directo contra toda la población de Catalunya, cuyos derechos se han limitado a la representación política, ya que a los representantes electos no se les permite ejercer su mandato”, señala Torrent un su denuncia.

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